Se cumplen hoy cinco años de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, un hecho sin precedentes que representa un drama social para cerca de 500.000 personas que vieron cómo de la noche a la mañana se evaporaban sus ahorros.
Lo que en un principio la Fiscalía y la Agencia Tributaria denunciaron como una venta ilegal de activos financieros -y como tal se actuó en la intervención- se ha convertido en una venta de activos mercantiles sobre la que, casualmente, no existía responsabilidad pública, pues no había ley que responsabilizase del control e inspección a Sanidad y Consumo.
La entrada de la policía en las sedes de ambas sociedades marcó un antes y un después en la vida de estas personas, muchas de ellas arruinadas. Por ello, y a pesar del lustro pasado, hay demasiadas preguntas sin responder, tanto por el Gobierno como por la Justicia.
Por ejemplo, ¿por qué se paró la gestión de las empresas y no se acometió un cierre ordenado para evitar su colapso y el deterioro de los activos? La respuesta está pospuesta hasta que se declaren las responsabilidades penales de los administradores de las filatélicas.
Entonces, podría declararse la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero sólo si hay algún funcionario que cargue con las culpas. Mientras tanto, los afectados han anunciado su toma de conciencia sobre el poder de presión política que tiene un colectivo de medio millón de personas.
Quieren negociar con PSOE y PP para pactar una solución que les haga justicia, pero para ello deben actuar unidos, cosa que no han sabido hacer hasta ahora.
