El ataque más fuerte contra la equidad de un sistema tributario proviene de la extensión del fraude fiscal. Nadie lo defiende en el plano teórico, pero en la práctica determinadas fuerzas sociales y económicas ponen toda clase de obstáculos a su eliminación.
Con el pretexto de defender el derecho a la intimidad, se imposibilita la información y se propicia que determinadas rentas queden ocultas. El dinero negro es un fenómeno consentido desde las instancias del poder y amparado y potenciado por las instituciones financieras.
La evasión fiscal se ve también favorecida por una cierta mentalidad dominada por un juridicismo formal que, incapaz de comprender la naturaleza de los fenómenos económicos, pretende aplicar a los procedimientos fiscales los mismos requisitos probatorios que se exigen para otras faltas y delitos.
Por otra parte, se carece de una teoría procesal y penal del delito fiscal que se adapte a las especiales circunstancias de las defraudaciones tributarias, difíciles de cuantificar en muchas ocasiones y para las que los índices o signos externos deben adquirir carácter probatorio.
Mayor presión fiscal, mayor evasión
Ha calado en la sociedad y, por lo tanto, en el propio aparato de justicia, un discurso anti-fiscal que lleva a considerar con cierta indulgencia a los defraudadores, en la medida que todos somos contribuyentes. En realidad, esta postura benevolente se enmarca en un contexto amplio que dota de impunidad a la mayoría de los delitos económicos.
Desde el liberalismo económico, se argumenta que la existencia del fraude debe, como contrapartida, facilitar la reducción de la imposición. Se arguye que una elevada presión fiscal propicia y estimula la evasión y que ésta se reduciría si la carga tributaria fuese menor.
En consecuencia, si queremos terminar con el fraude, suprimamos los impuestos. Razonamientos de este tipo proliferan como hongos en el discurso del liberalismo económico.
Julio Anguita. Ex Coordinador General de IU.
Notas para un debate económico (VII)