Justo después del hundimiento de Lehman Brothers, la reforma de la regulación financiera era prioritaria en la agenda internacional y dominó las conversaciones de la primera cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2008. Sin embargo, en la última reunión de los Veinte en París, en febrero, fue poco más que un vago recuerdo. Muchos observadores temen que el sector financiero haya vuelto al "así son los negocios" del antes de la crisis.
La agenda reguladora financiera desalienta a quienes son ajenos a ella por su aparente complejidad intratable, reforzada con unos muros de jerga y múltiples cortinas de humo colocadas por unos directivos financieros que desconfían del debate público y unas autoridades públicas empeñadas en defender su terreno.
Si damos un paso atrás, veremos que no hay razón para desesperarse. Los últimos dos años han traído avances considerables. En Estados Unidos, la ley Dodd-Frank presentó numerosos cambios que no son en absoluto marginales, y la mayor parte de las normas para ponerlo en marcha se están ultimando en estos momentos. En la Unión Europea, la resolución de la crisis y la legislación financiera han ido por lo general más lentas, pero la creación de tres autoridades supervisoras europeas, las primeras financieras y supranacionales del mundo, supone un adelanto notable. Los requisitos de capital se elevan considerablemente, con las autoridades suizas, en particular, a la cabeza. Las autoridades también están mejorando su capacidad para comprender y seguir los sistemas financieros, incluso mediante la recogida de datos relevantes. Aun así, las medidas adoptadas hasta ahora quedan lejos de ser una respuesta política global adecuada al golpe sin precedentes que asestó la crisis y sus reacciones en cadena. Tres retos monumentales exigen atención sostenida y simultánea.
Al primero podríamos llamarlo los "grandes bancos malos", es decir, aquellos cuya bancarrota trastornaría tanto que los gobiernos prefieren rescatarlos en caso de crisis. El problema de las entidades "demasiado grandes para quebrar" tiende a discutirse más activamente en EEUU, aunque, en realidad, es más grave en Europa porque los sistemas bancarios nacionales están mucho más concentrados y no existe un marco de trabajo coherente de resolución bancaria a nivel europeo. Reino Unido ha creado una comisión independiente para abordar el tema que ya ha elaborado un conjunto de propuestas, y la Junta de Estabilidad Financiera lleva el debate al plano internacional, pero, por el momento, no hay ninguna solución obvia a la vista.
El segundo desafío es evitar las consecuencias indeseadas de la reforma en términos de fragmentación financiera. Aunque las repercusiones económicas de la apertura financiera son multifacéticas y difíciles de cuantificar, una involución del impulso pre-crisis hacia la integración financiera perjudicaría, sin duda, las previsiones de crecimiento global y debe evitarse. Eso exigirá más coherencia internacional en la regulación de las principales infraestructuras tangibles e intangibles de los mercados de capital. La serie sin terminar de armonizaciones internacionales de los estándares contables ilustra lo difícil que puede llegar a ser.
En tercer lugar, la re-regulación de los sistemas financieros debe lograrse sin mermar su capacidad de fomentar el crecimiento. Contrario al argumento mayoritario del lobby financiero, este aspecto no está relacionado sobre todo con los requisitos de capital, sino con la competencia y la innovación necesaria para ofrecer unos servicios financieros mejores y más productivos económicamente. En los mercados emergentes, la provisión global de crédito es, por lo general, insuficiente e ineficiente. En las economías más avanzadas, el crédito no suele dirigirse a los prestatarios que pueden aprovecharlo mejor, en especial las empresas en rápido crecimiento sin colaterales físicos que comprometer. Es necesario abordar los problemas de la estabilidad financiera sin reprimir el desarrollo financiero útil.
En esas tres dimensiones, el desarrollo político cojea por culpa de unas incertidumbres analíticas importantes y una escasez sorprendente de datos relevantes e investigación académica. Las tres tocan aspectos fundamentales de la política competitiva, por lo general infradesarrollada en las finanzas frente a otros sectores. No es de esperar que ninguno de los tres retos se aborde exhaustivamente en un futuro cercano.
Además, la reforma financiera tomará su forma a raíz de una interacción cada vez menos predecible con la política nacional. En muchos países, la opinión pública y los políticos quieren que el sector financiero pague un precio por la crisis, lo que explica por qué una parte tan importante del debate está dominada por asuntos cuya relevancia es, como mucho, limitada desde una perspectiva estricta de la estabilidad financiera pero que se hacen eco con percepciones más amplias de injusticia como las bonificaciones de los agentes, las ventas al descubierto, los conflictos de interés de las agencias de calificación o la posibilidad de gravar las operaciones financieras. Una dificultad adicional es la interacción entre los distintos niveles geográficos de la reforma. Entre los desafíos mencionados antes, el primero abarca una mezcla de aspectos locales y globales, el segundo es en su mayor parte global y el tercero, principalmente local. El conjunto crea múltiples incentivos para que las autoridades públicas y empresas financieras desvíen la responsabilidad y arbitren distintos niveles, dificultando considerablemente cualquier avance.
La reforma financiera es un esfuerzo interminable, y el ciclo que comenzó con la crisis no está ni de lejos terminado. Para que siga progresando, los responsables políticos deben plantearse maximizar las opciones de un sistema financiero que combine los atributos deseados de estabilidad, apertura, eficiencia y justicia. Y eso podría exigir aún más visión política y creatividad de la que se ha demostrado hasta el momento.
Nicolas Véron es miembro titular del think tank Bruegel y profesor invitado del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington.
