Cuando el demonio no tiene qué hacer, con el rabo espanta las moscas. (Sentencia popular).
Bastaría una simple contabilización del número de páginas que se publican en España conteniendo normas con rango de Ley para llegar a una conclusión elemental: estamos ante una superproducción legislativa de tal tamaño que no puede conducir sino a la confusión generalizada y a la contradicción entre unas y otras normas. Una diarrea legislativa que nos puede llevar a la tumba por deshidratación.
Pero qué van a hacer 17 parlamentos, sino leyes. A pesar de ello, habrá de ponerse coto o nos iremos por la pata abajo. Con el solo fin de ilustrar lo anterior me referiré a dos leyes (Cortes valencianas y Asamblea extremeña) sobre la llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), concepto en torno al cual la ONU, la OIT, la OCDE, la Unión Europea? han propuesto numerosas recomendaciones, pero nunca que se transformaran en leyes, y menos autonómicas.
Pero en España abundan los ilusos que piensan que cada problema se soluciona mediante una ley y por esa senda han transitado los diputados de Valencia y de Extremadura. En Valencia -más modestos- las empresas elogiadas sólo obtendrán el beneficio de poder exhibir esa mención, pero en Extremadura podrán obtener subvenciones y contrataciones de la Junta, amén de beneficios fiscales.
El profesor Francisco Marcos ha señalado que "en Extremadura las certificaciones de empresa socialmente responsable se darán tras considerar casi 50 elementos configuradores, la mayoría de ellos vacuos, y también alguno divertido: la participación e interactuación (sic) en redes sociales, la transparencia de las políticas salariales y la equidad en su aplicación, el establecimiento de criterios éticos para la selección de proveedores y subcontratistas y el diálogo con sus grupos de interés sobre su política de mercado".
Vamos: "la gallina". Y todo ello adobado con un procedimiento burocrático de certificación y registro. Sencillamente, un disparate.
Joaquín Leguina. Estadístico.
