El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegales las trabas de algunas administraciones al establecimiento de centros comerciales, algo que atañe en especial a Cataluña y de lo que otras CCAA pueden ir tomando nota.
Así pues, la Generalitat habrá de volver sobre sus pasos y reconsiderar sus normas que torpedean, parcelan o impiden el asentamiento de hipermercados y similares en su región y caminar a una competencia transparente y un mercado más libre. Bruselas pedirá cuentas en unos meses.
De ignorar la senda que marca este varapalo de la Justicia europea, se enfrentará a cuantiosas multas y dejará patente su intervencionismo alegal.
Pierde el ciudadano, al que se vedan las facilidades para efectuar sus compras , y pierde el empleo por los puestos que generaría la liberalización de horarios.
