Los impuestos verdes fijados por algunos gobiernos regionales pueden derivar en que los ciudadanos de cinco autonomías afronten alzas de la luz diferenciadas.
Las eléctricas buscan repercutir esos recargos a sus clientes de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y, previsiblemente, Castilla y Léon.
Las CCAA tienen la potestad de gravar hechos imponibles no vedados a otras haciendas públicas y resulta lógico que las compañías quieran diferir el sobrecoste en la factura, en aras de su propia neutralidad.
Así pues, la última palabra sobre si el consumidor final debe soportar este impacto en su bolsillo la tiene el Ministerio de Industria. Resulta deseable su consentimiento en aras de la transparencia y la deseable competencia fiscal entre regiones. Un acicate para un mercado más flexible.