Cae el peso de la justicia sobre Ferrovial por el escándalo de las comisiones pagadas a CiU a través del Palau de la Música con el fin de lograr la adjudicación de obras públicas.
Se trata de unas cantidades desorbitadas que se desviaban bajo la apariencia de generosos patrocinios. El juez ha imputado al hombre fuerte de la compañía que preside Rafael del Pino en Cataluña, Pedro Buenaventura, y a dos tesoreros de Convergencia. Entiende que los cerca de 13 millones en supuestas donaciones eran contrapartidas por las concesiones.
Está probada la relación entre Buenaventura y Millet, el presidente del Palau que intermediaba en las irregularidades. El esperpento flagrante de Ferrovial escala a niveles vergonzantes para cualquier cotizada. Incluso existe documentación de los pagos en la que figura el nombre de un imputado de CDC.
Un error tan naïf como grave es esta corruptela, indigna de una empresa del Ibex que se ha convertido en el antiejemplo. Es inadmisible que Del Pino siga ocultándose: ni declaraciones, ni ningún reconocimiento público de sus errores, cuando ya hace meses que debió abrir una investigación interna, volteando cada cajón y limpiando cada rendija, colaborando con las autoridades como hizo Siemens en su día.
Del Pino debió depurar responsabilidades y elaborar un código de buen gobierno que no sea papel mojado. Una constructora de este nivel, con presencia internacional y dueña del aeropuerto londinense de Heathrow no puede abonarse a la inacción cuando sobre ella planea un caso de tal envergadura. Al fin y al cabo, Del Pino debería marcharse. Un paso que ya sólo puede dar mal... o peor.
