Cada vez es más complicado tributar en España. El nuevo sistema de financiación y las necesidades desesperadas de recaudación pública han puesto a funcionar a pleno rendimiento la maquinaria legislativa autonómica.
Asesores fiscales y notarios han denunciado la esterilidad de muchas de estas normas, su escaso nivel de calidad legislativo y la competencia fiscal que muchas veces suponen entre territorios. Incluso en asuntos como las donaciones, la UE ha tenido que amenazar con sanciones.
Las nuevas regulaciones dificultan la toma de decisiones de inversión y condicionan la supervivencia de las empresas familiares.
Es hora de plantearse la necesaria armonización de los sistemas autonómicos para reducir costes innecesarios y sobrecargas burocráticas.
