El pacto de competitividad que exige la canciller alemana Angela Merkel como condición para reforzar el fondo de rescate europeo está a punto de ser discutido en una cumbre extraordinaria de líderes de la eurozona.
De los seis puntos que comprende dicho pacto, caben destacar dos: la desvinculación de los incrementos salariales con respecto a la inflación y el establecimiento de límites al déficit y a la deuda pública en las constituciones nacionales.
El primero de estos puntos goza del favor del consenso generalizado de los expertos, que desde hace ya mucho tiempo vienen planteando la necesidad de vincular los salarios a la productividad para preservar la competitividad.
La evolución de ésta viene determinada en gran medida por los costes laborales por unidad de producto (CLU), que a su vez dependen del comportamiento de los salarios y de la productividad. Desde el inicio de la UEM hasta 2007, los salarios en el sector industrial crecieron en España el doble que la productividad, al contrario que en la eurozona, donde se incrementaron a un ritmo ligeramente inferior a ésta. De este modo, los costes laborales unitarios en la industria aumentaron en nuestro país un 20 por ciento más que la media europea.
Durante la crisis, la evolución ha sido justamente la opuesta: en España los salarios crecieron menos que la productividad, lo que permitió reducir nuestros CLU al tiempo que estos ascendían en la zona euro, recuperando así en torno a un tercio de la competitividad perdida durante la etapa anterior.
Es cierto que, pese a dicha pérdida de competitividad, nuestras exportaciones han mantenido su cuota de mercado mejor que las de la zona euro durante los años de expansión, y que su comportamiento durante la crisis ha sido relativamente bueno.
Esto probablemente se explica por el hecho de que las cifras expuestas reflejan el comportamiento medio del sector industrial español, dentro del cual existe un sector exportador muy competitivo y eficiente, pero muy pequeño, cuya evolución ha sido, sin duda, mucho mejor que la media, gracias a lo cual ha podido mantener su cuota de mercado mundial.
Por otra parte, la evolución de las ventas al exterior durante la etapa de crisis se tiene que haber visto favorecida por la recuperación de competitividad aludida.
En cualquier caso, si queremos cambiar de modelo de crecimiento, la exportación debe desempeñar un papel mucho más destacado, lo cual sólo es posible profundizando en la reducción de los CLU. Y para ello hay que elevar la productividad y diseñar mecanismos para que los incrementos salariales avancen en línea con la misma.
No se puede obviar que esto es algo muy complejo y difícil de llevar a la práctica, sobre todo en los sectores con menos capacidad para elevar su productividad, como es el caso de numerosos servicios. Pero es posible introducir modificaciones en la negociación colectiva que den lugar a un sistema que favorezca una evolución de las retribuciones más acompasada con la productividad, al menos a largo plazo y en términos agregados.
La segunda de las condiciones planteadas por Merkel -el establecimiento de estrictos límites legales al déficit y a la deuda pública- es mucho más discutible. Este tipo de reglas, que responden más a un dogmatismo ideológico que a la racionalidad económica, constituyen un grave error puesto que, en primer lugar, ejercen un efecto procíclico sobre la economía y, en segundo lugar, sería de imposible cumplimiento en numerosas situaciones.
¿Qué hubiera sucedido en España si en 2009 el Gobierno se hubiera visto obligado a contener el déficit por debajo de un límite reducido, ya sea el 0 por ciento o el 3 por ciento? La contracción de los ingresos públicos en dicho año fue tan brutal que, incluso aunque no se hubiera programado ningún plan de estímulo, el ajustar los gastos en un solo periodo a la evolución de aquéllos hubiera conducido a la economía a un verdadero colapso.
Esta regla supone una renuncia incomprensible y absurda al papel estabilizador que puede y debe desempeñar el sector público. Lo racional es mantener el equilibrio de las cuentas públicas a lo largo del ciclo, es decir, los déficit generados en las recesiones deben ser compensados con superávit en las expansiones.
Estos últimos serán empleados para reducir la deuda generada en las etapas recesivas. Ciertamente, cuando en el momento de elaborar los presupuestos no se anticipe adecuadamente la fase del ciclo en la que se encontrará la economía al año siguiente, se generarán retardos.
Pero los perjuicios de esos retardos, que sólo ocurrirán en los momentos de cambio de ciclo, son inmensamente más leves que los efectos de una regla fiscal. Y además esa dificultad de anticipación también afecta a la elaboración de presupuestos sujetos a un límite legal de déficit.
María Jesús Fernández. Fundación de las Cajas de Ahorros.
