No resulta extraño que nuestro Gobierno yerre en sus cálculos: lo viene haciendo durante toda la crisis. Pero sí llama la atención que se equivoque en su contra. El plan energético va a salirle 1.040 millones más caro de lo que contempló.
Y el principal foco de error es el recaudatorio. Si efectivamente la limitación a 110 km/h produce el ahorro que prevé, la recaudación mermará a razón de 61 millones por cada mes en que la medida esté vigente.
Además, un uso más intensivo del biodiésel elevará el montante de la exención que disfrutan los biocombustibles, lo que propinará un mordisco de unos 380 millones a las arcas. Y esto adelgaza aún más los ingresos fiscales, al mermar la proporción de carburante gravada por la mayor presencia de bio.
También se equivocó el Ejecutivo en un principio al pensar que las CCAA asumirían parte del coste de su nueva ocurrencia: debe sumar a la factura de su plan la rebaja de un 5 por ciento en Cercanías y media distancia. Pero la pregunta clave es por qué ningún otro país aborda medidas similares si tan necesarias y oportunas fueran. Si de verdad se da un shock en la oferta de petróleo, entonces sí que habrá que arbitrar soluciones drásticas. Hasta entonces, parece inútil parchear.
Y si lo que preocupa es la balanza exterior, habría que subir impuestos sobre los combustibles, lo que de verdad crearía incentivos para la racionalidad energética. Los 110 y los neumáticos difícilmente lo harán.
Las tensiones en el crudo deberían forzar a reformular nuestra política energética a largo plazo examinando todos los costes del marco regulatorio para llegar a un modelo menos dependiente del exterior y menos costoso.
