Por supuesto, era cuestión de tiempo que el Gobierno volviese a sacar el asunto de las bombillas para afrontar las alzas del crudo.
Después de haber improvisado una reducción de la velocidad que no va a reportar ahorros significativos pero sí traerá molestias a más de un contribuyente, el Gobierno se ha descolgado con apagones de farolas y sustituciones de bombillas.
Sin embargo, ¿vamos a rebajar la iluminación para que sea más peligroso conducir por calles y carreteras? ¿Y quién pagará los 2.100 millones que costaría cambiar las bombillas por led, unas luces de mayor duración y menor consumo?
De hecho, respecto al led, Gobierno y ayuntamientos llegaron a un acuerdo. Sólo que al salir de la reunión, el presidente de la Federación de Municipios afirmó que lo sufragaría el Estado central. Enseguida, el Ministerio respondió que el coste lo apechugaría cada localidad.
Vaya, ¿otra cosa bien planificada y con un presupuesto asignado? Ya sabemos cómo están las cuentas de los consistorios, de modo que ésta será otra iniciativa condenada al olvido, porque: ¿quién va a costearlo?, ¿se lo quitamos a las infraestructuras millonarias que nos empeñamos en mantener?, ¿o lo financiamos en el mercado antes del rescate luso? Desde luego, el asunto se presta a la demagogia, que es lo que busca este Gobierno tan mediático.
Quiere transmitir que se hace mucho cuando ha renunciado a una política energética con sentido a largo plazo. Pero claro, esto es más difícil de elaborar, más lento de implementar y encuentra peor acomodo en los titulares.
Parece razonable sustituir las bombillas conforme se pueda, pero dista de constituir una política energética.
