Nuevo dilema para la Justicia española. Y todo viene derivado de las medidas del Gobierno de Zapatero para paliar el déficit.
Entre ellas se encuentra la polémica reducción del sueldo de los funcionarios. Y, claro, los jueces son empleados del Estado.
Así que se han unido para presentar una demanda. El problema es que todos los jueces son parte afectada del caso, lo que elimina cualquier posibilidad de imparcialidad.
¿Quién arbitra en este conflicto? Es lo malo de ser, literalmente, juez y parte.
