El Real Decreto Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero es una nueva fuga hacia adelante en el no iniciado proceso de saneamiento y reestructuración de las entidades de crédito.
Si los borradores y las filtraciones previas a la nueva normativa hacían prever un proyecto inadecuado para afrontar la grave, por no decir dramática, situación del mecanismo español de medios de pago, la legislación aprobada por el Gabinete con el entusiasta aplauso del Banco de España supone, en el mejor de los casos, un aplazamiento de la solución al problema, y en el peor, un aumento exponencial de los costes de limpiar y capitalizar las instituciones financieras nacionales, en concreto, de las cajas de ahorros.
En verdad, la estrategia del Gabinete consiste en trasladar al Gobierno que venga la solución de una crisis bancaria, en el sentido amplio del término, que impide o dificulta de manera extraordinaria la recuperación de la economía nacional y lanza a los mercados una señal pésima.
Para empezar, el Ejecutivo pretende exigir un capital del 10 por ciento para todas las entidades que no coticen en bolsa y del 8 por ciento para las que lo hagan. De este modo, se pretende fortalecer la solvencia de las entidades, su capacidad para asumir pérdidas.
Ahora bien, el aumento de los recursos propios no sirve de nada si no hay un proceso general previo de saneamiento del sistema en el que bancos y cajas ajusten el valor de sus activos al mercado. Sin esa dinámica de limpieza, el capital regulatorio y el capital contable no son indicadores fiables de la solvencia de las instituciones financieras e incluso pueden ocultar un escenario de descapitalización real.
El corolario es que los inversores privados no aportarán recursos en tanto no tengan una información precisa de la situación de las entidades de crédito. Es increíble que el Banco de España, con sus recursos y competencias, no haya evaluado durante años el agujero y que, en la práctica, siga sin hacerlo.
Mala gestión: Excesivo crédito y asunción de riesgos
Al mismo tiempo y con independencia de las perturbaciones macroeconómicas, el factor clave de las crisis bancarias es la mala gestión causada por un crecimiento excesivo del crédito y por una excesiva asunción de riesgos. De nuevo, resulta obvio que los inversores privados no aportarán su dinero para que sea gestionado por aquellos que han llevado, por ejemplo, a las cajas al borde de la bancarrota.
Es impensable que los causantes de esa situación sean los mismos que las salven. Lo apasionante es que el Real Decreto blinda a los actuales gestores de las entidades que las han llevado al desastre.
Al mismo tiempo, es impensable que ningún inversor se arriesgue a ver diluida su aportación de capital a una caja si, finalmente, el Frob tiene que entrar en el capital y decide cuál es el valor de las participaciones previas.
¿Por qué ahora?
De igual modo, la potencial nacionalización de esas entidades, si no logran capitalizarse desde la entrada en vigor de la nueva normativa, elimina los incentivos de los gestores para poner en marcha políticas creíbles y consistentes de saneamiento, caso típico de riesgo moral.
Si durante dos años largos el Banco de España no ha podido o no ha querido forzarlas por ese camino, la pregunta es por qué va a hacerlo ahora, sobre todo cuando se acerca el final de la legislatura y el término de mandato del gobernador.
Para más inri, la experiencia demuestra que los responsables de las entidades insolventes son capaces de hacer barbaridades cuando saben que su final está cerca, por ejemplo vender los activos buenos a sus amigos y dejar los malos a los que vengan.
Obstáculos al capital privado
Por otra parte, la vigente regulación de las cajas permite de facto su total privatización, pero también que las comunidades autónomas y los ayuntamientos mantengan competencias e incluso el control de esas entidades crediticias, salvo que sean intervenidas.
Esta hipótesis dual crea una extraordinaria incertidumbre y constituye sin duda alguna otro obstáculo notable para lograr capital privado. Desde esta perspectiva, los inversores privados preferirán esperar a que el Gobierno-Banco de España intervenga las entidades insolventes, las sanee y luego las venda, antes de entrar en su capital con un entorno institucional complejo e incierto.
En suma, el Estado se verá obligado a absorber las pérdidas de una parte sustancial del sistema financiero, de un número considerable de cajas de ahorros. La alternativa es volver a fabricar unos nuevos test de estrés maquillados y traspasar el problema al próximo Gobierno.
Ésta es una tentación suicida, pero no descartable. De hecho, las pruebas de esfuerzo aplicadas antes del verano no han servido para nada a la vista de los hechos.
Primero sanear, después salvar
El grueso de la literatura económica y una abrumadora evidencia empírica muestran con una claridad meridiana lo que funciona y lo que no funciona a la hora de abordar crisis bancarias. El primer paso es el saneamiento general y el ajuste de valor de los activos. El segundo es el salvamento de las entidades que no sean capaces de sanearse por sí mismas. Las que requieran ayudas públicas han de convertirse en bancos, y éstas sólo deben ponerse en marcha si el coste de hacerlo es menor que el de liquidar las entidades demandantes de ayuda y, obviamente, sus gestores han de ser removidos.
El tercer paso es que tanto la retirada de la asistencia estatal como la liquidación han de producirse mediante procesos de subasta pública y transparente. Nada de eso está en el plan gubernamental.
En este contexto, la tolerancia o el gradualismo no son soluciones, porque el tiempo es oro y en el caso español se han sobrepasado todos los límites razonables para afrontar la dramática situación de su sistema financiero.
La prueba de fuego para valorar la efectividad de cualquier operación de saneamiento exige una rápida regeneración de los flujos de crédito y la capacidad de atraer inversores para asegurar la viabilidad futura de las entidades financieras.
Esto no va a suceder, y los contribuyentes se verán obligados a pagar con su dinero esta monumental chapuza. En 2011, el plan financiero del Gobierno producirá, no lo duden, un credit crunch.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
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