Hacienda puede solicitar , en cualquier momento , información sobre terceras personas a las empresas, incluida la de sus clientes.
Así se lo acaba de reconocer una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que impone los intereses públicos sobre los intereses "económicos indefinidos" de los particulares y que determina que la entrega de estos datos no vulnera la intimidad ni el secreto profesional.
Se trata, sin duda, de un importante paso adelante en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, puesto que otorga unas atribuciones muy amplias para actuar.
Sin embargo, estas medidas deben utilizarse con transparencia, buscando los sectores donde realmente esté sumergido el dinero y no para convertirse en un nuevo azote burocrático de las empresas.
