E stos últimos días, se ha hablado mucho del déficit y la deuda de las CCAA, como si estuviéramos ante algo inesperado.
Nada más lejos de la realidad. Ya en 2006, el Ejecutivo modificó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria sustituyendo el criterio estricto de estabilidad fiscal por el de equilibrio a lo largo del ciclo, bajo el argumento de que el primero tenía un carácter procíclico, olvidando que las fases expansivas favorecen la generación de un déficit estructural, oculto tras unos ingresos públicos insostenibles a lo largo del ciclo, y que lo realmente procíclico es el ajuste fiscal tras los días de vino y rosas. Algo que ahora sabemos bien.
Las ficticias previsiones de ingresos del Estado de 2008 y 2009 permitieron a las autonomías más gasto justo cuando los ingresos se desplomaban, cavando un agujero de 25.000 millones mientras la orquesta keynesiana seguía tocando.
En diciembre de 2009 -con la crisis haciendo estragos- se modificó el sistema de financiación de las CCAA de régimen común para dotarlas de más recursos (sin exigir a cambio compromisos en materia de disciplina fiscal), incluyendo unos 11.000 millones adicionales en nuevos fondos que ahora no se pueden abonar.
Algo que se sumaba a lo establecido en los estatutos de autonomía de nueva generación, lindezas como la bilateralidad en la negociación o unos sorprendentes compromisos en materia de inversión que ya están empezando a generar sus frutos.
Ante una realidad inevitable, el Ministerio de Economía estableció a las autonomías objetivos de déficit para el periodo 2010-2012 que superaban lo permitido por la propia ley.
Para calmar la angustia de los mercados, el Ministerio informaba en noviembre de la buena marcha de la ejecución presupuestaria de las CCAA, y en enero el presidente afirmaba en el FT que el Gobierno utilizaría el control del endeudamiento para meterlas en vereda.
Algo sorprendente, pues para endeudarse les basta con presentar un plan de reequilibrio financiero más o menos creíble, y por entonces diferentes bonos patrióticos a precio de oro ya circulaban mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.
En éstas andábamos cuando el nuevo Gobierno catalán, entusiasta del concierto económico, informaba que la caja está vacía, que incumpliría su objetivo de déficit y que necesita endeudarse antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobara su plan -algo no permitido a ninguna otra comunidad-.
Lo que no era posible se torna, tras un café, en algo sencillo para esta comunidad que a septiembre acumulaba 38.000 millones de deuda -incluyendo el sector público empresarial-, es decir, un 31 por ciento de toda la deuda autonómica. Tras la atropellada reacción de los vecinos, el Ministerio anuncia el café para todos y, como ha hecho hasta ahora, permitirá a todas refinanciar deuda.
Al margen de la evidente lectura política, resulta más interesante analizar las implicaciones económicas. El uso de la bilateralidad y el ninguneo del CPFF a favor del chalaneo se suman a una sensación de relajo en la disciplina fiscal, lo que no es baladí cuando tenemos por delante unos cuantos años de duras estrecheces fiscales y difíciles compromisos que cumplir.
No cabe duda de que aliviará unas cuentas exiguas que de otra forma se acercarían a la suspensión de pagos, pero la salida a la papeleta del Gobierno sin duda reducirá el ritmo de recorte del déficit y parece bastante claro que el difícil reto de reducirlo al 1,3 por ciento este año se vuelve ahora misión imposible. No es una buena señal para unos mercados de deuda recelosos, que ya no quitan ojo a las CCAA y a los que habrá que colocarles este año nada menos que 25.000 millones de deuda autonómica.
Hace tiempo que el Ejecutivo renunció a utilizar seriamente los instrumentos de control fiscal. Pero, con todo, lo más preocupante es que la tendencia de crecimiento del gasto estructural de las CCAA es difícilmente alterable sin la adopción de profundas reformas que aporten mayor eficiencia en el gasto público y que afectan ineludiblemente -entre otras cosas- al actual equilibrio entre el Estado del Bienestar y la organización territorial del Estado.
Algo, sin duda, muy complicado para quien, como en el caso de la Nación, la estabilidad fiscal parece ser un concepto discutido y discutible.
Manuel Sarachaga. Economista.
