En un mundo ideal, el camino óptimo sería comprometerse hoy a reducir gradualmente el gasto público y fijar un programa de aumento paulatino de los ingresos tributarios.
El estímulo fiscal que la mayoría de las economías de mercado avanzadas y emergentes han implementado durante la recesión global de 2008/2009 evitó que la Gran Crisis se convirtiera en otra Gran Depresión (junto con la facilitación monetaria y la red de salvamento del sistema financiero). Mientras todos los componentes de la demanda privada caían, el impulso de un mayor gasto y transferencias del Estado y unos impuestos más bajos frenaron la caída libre de la economía global y sentaron las bases de la recuperación.
Por desgracia, el estímulo fiscal y los consiguientes rescates del sistema financiero condujeron a grandes déficit públicos (del orden del 10 por ciento del PIB) en casi todas las economías avanzadas y provocarán, según el FMI y otros cálculos, unos índices de deuda pública/PIB por encima del 110 por ciento en 2015, frente al 70 por ciento de antes de la crisis. Si los desequilibrios son, en parte, cíclicos porque el crecimiento no se ha recuperado según la tendencia, el doloroso proceso de desapalancamiento de la deuda privada implica que los índices de crecimiento seguirán siendo bajos durante varios años. Por ello, los déficit son también estructurales y no caerán incluso aunque se consiga el crecimiento de tendencia.
Una población envejecida
El envejecimiento de la población de la mayoría de las economías avanzadas se suma a la carga de la deuda pública a largo plazo, con unos planes de pensión sin fondos y un coste sanitario en aumento para la tercera edad, además de los pasivos implícitos del sector público. Así, en casi todas las economías desarrolladas, la política fiscal actual se sitúa en un camino insostenible y los desajustes deben reducirse con el tiempo para evitar el naufragio fiscal.
Sin embargo, los estudios sugieren que, aunque la austeridad fiscal puede ser necesaria para evitar el naufragio a corto plazo, subir los impuestos y reducir el gasto del Gobierno, los subsidios y los pagos de transferencias provocan un efecto negativo a corto plazo sobre la demanda agregada, por lo que se trata de una medida deflacionaria y recesionaria.
En un mundo ideal, el camino óptimo y deseable del ajuste fiscal sería comprometerse hoy a un plan de reducciones graduales del gasto público (con reformas de los planes de seguridad social y el gasto sanitario) que se escalarían gradual pero progresivamente a lo largo de la próxima década o más allá, junto con un plan de aumento de los ingresos tributarios (preferiblemente menos distorsionadores, como el impuesto sobre el carbono o el IVA sobre las ventas), también escalados gradualmente en cuanto la economía se recupere y adquiera más resistencia.
Entonces, los inversores privados verían la luz al final del túnel. Los mercados no penalizarían los planes de consolidación con un compromiso creíble pero con carga trasera fiscal. Y, mientras tanto, si a corto plazo la economía necesitase más estímulos públicos (mientras la demanda privada y el crecimiento siguen siendo anémicos), nadie castigaría a un país que optara por un estímulo adicional a corto plazo siempre que el camino fiscal a medio plazo condujera a la austeridad, la disciplina y la sostenibilidad.
Tomando ejemplo
De hecho, en un discurso reciente el mismo presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, abogaba por un plan de consolidación fiscal de estas características. Un estímulo adicional temporal pero bien centrado, para arrancar la demanda de trabajo en el sector privado, reforzar una economía real e impulsar unos mercados laborales lentos, sería necesario y deseable. Lo sería, eso sí, si al mismo tiempo se diesen pasos concretos para garantizar la disciplina y sostenibilidad fiscal a medio plazo.
Teniendo en cuenta el camino óptimo, ¿qué trayectorias políticas fiscales han seguido las distintas economías avanzadas?
En Estados Unidos se concentra el peor de los escenarios posibles, opuesto al camino óptimo de la consolidación fiscal. La palabra estímulo se ha vuelto malsonante incluso dentro del Gobierno de Obama y, desde las elecciones de noviembre, en las que los republicanos consiguieron una victoria considerable, es aún menos probable que se implementen más incentivos. Es más, la consolidación a medio plazo será prácticamente imposible porque se avecinan las elecciones presidenciales de 2012 y ambos partidos están atascados en un punto muerto, con una falta de bipartidismo peor que nunca. Los republicanos vetan cualquier subida de impuestos y los demócratas se resisten a reformar el gasto de derechos.
Problemas para Obama
El atasco en el Congreso empeorará enseguida. Por supuesto, Obama y su Gobierno son los culpables del estancamiento, pero los republicanos están convencidos de que Obama sólo presidirá una legislatura y eso sólo puede significar la peor guerra abierta en treinta años. Dado el clima político en Washington, las probabilidades de que las recomendaciones de la comisión del déficit del presidente se implementen en 2011-12 son prácticamente nulas. Y, con los vigilantes de los bonos dormidos al volante, no hay presión de los mercados para iniciar la austeridad fiscal.
El problema opuesto se observa en la periferia de la zona euro. Allí, la austeridad fiscal va por delante. Los vigilantes de los bonos se han despertado en Grecia, Irlanda, Portugal e Italia y les dicen a los gobiernos que no les importa si la austeridad fiscal es deflacionaria y recesionaria; o cargáis con la consolidación fiscal o tiraremos vuestros diferenciales soberanos por el tejado, os haremos perder acceso al mercado y desencadenaremos una crisis de refinanciación de la deuda privada.
La continuidad de una recesión implica que el objetivo de reducir la deuda y el déficit en proporción al PIB se convierte en una misión imposible si la austeridad fiscal provoca la caída persistente de la producción y una deflación que, a su vez, exacerba una dinámica insostenible de la deuda.
Para evitar una recesión persistente y destructiva que impida la sostenibilidad fiscal, las reformas fiscales y estructurales impuestas por los vigilantes de los bonos deberían ir acompañadas de otras políticas a escala de la zona euro que restauren el crecimiento y eviten la dinámica viciosa de la deuda. Entre esas políticas se incluyen:
Respaldo, pero no a última hora
El apoyo de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países con problemas debe ser oficial y masivo. Es decir, no de última hora, cuando las condiciones se vuelvan desesperadas, como ocurrió con Grecia e Irlanda. Así se allanará el camino de la austeridad fiscal y del ajuste estructural. También se debería disponer de un abanico más amplio de recursos oficiales, dado que los actuales del FMI, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y la Unión Europea no son suficientes para rescatar a España si Portugal (según lo previsto) es salvada después de Grecia e Irlanda.
Política monetaria
Una política monetaria mucho más facilitada del BCE para impulsar el crecimiento en la periferia y debilitar agresivamente el valor del euro. Es fundamental contar con un euro mucho más débil para restaurar la competitividad en la periferia de la zona euro.
Estímulo fiscal a corto plazo
Un estímulo fiscal a corto plazo -en lugar de la austeridad frontal fiscal que se ha escogido- por parte de Alemania en forma de rebajas temporales de impuestos -no los aumentos previstos- para aumentar la renta disponible, estimular el consumo y, de ese modo, impulsar la demanda alemana de bienes y servicios de la periferia.
s Rescate de acreedores
Planes de rescatar a todos los acreedores no garantizados de los bancos de la zona euro con problemas para evitar que la socialización de las pérdidas privadas suponga un mayor riesgo de partir el espinazo a unos soberanos con mucha carga.
Reestructuración de la deuda
Planes de contingencia para su uso coercitivo pero ordenado y mecanismos de reestructuración de la deuda soberana basados en el mercado (como las ofertas de cambio aptas para el mercado) frente al mecanismo de resolución de crisis soberana estatutaria en caso de que algunos soberanos (contra todos los pronósticos y pese al máximo esfuerzo fiscal) se vuelvan prácticamente insolventes y necesiten una reestructuración o reducción de la deuda pública.
Por desgracia, los dos grandes actores en la zona euro que podrían contribuir a la recuperación del crecimiento en la periferia -el BCE y Alemania- no están siguiendo unas políticas coherentes con el acercamiento a la luz al final del túnel (o la reanudación de un crecimiento sostenido) en la periferia de la zona euro. La política monetaria del BCE es demasiado restrictiva. Alemania carga por delante su austeridad fiscal.
El abanico de recursos oficiales disponibles no es suficiente (e improbable de aumentar dada la postura alemana) y se usa demasiado tarde en lugar de con anticipación. Por último, Alemania presiona para que haya mecanismos no acordes con el mercado de rescate de los acreedores privados de soberanos en problemas.
Por todo ello, la periferia de la zona euro está abocada a un ajuste destructivo, deflacionario y recesionario que exacerbará el riesgo de recesión y conllevará una deflación de la deuda, impagos con el tiempo y, posiblemente, la salida de la unión monetaria de los miembros más débiles. Además, el reciente rescate de Irlanda (después de Grecia) no ha tranquilizado a los inversores. Todo lo contrario: el contagio se ha extendido a Portugal y España e incluso ha llegado a Italia, Bélgica y, posiblemente, Francia.
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