Cuando Bismark, en la Prusia de finales del siglo XIX, puso en marcha el primer sistema público de pensiones basado en un sistema de reparto, y estableció los 65 años como la edad de calificación para acceder al mismo, probablemente no se podía ni imaginar que dicha edad se iba a convertir en un fetiche incluso siglos después. Y es que resulta muy difícil, por la resistencia de la sociedad, modificar esa edad de referencia, aunque la esperanza de vida en la Prusia de Bismark rondaba los 45 años y en la España actual se aproxima al doble.
Pues bien, esa edad va a quedar obsoleta si el anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno, pasa su tramitación parlamentaria sin cambios. En el nuevo modelo, se plantea que la edad normal de jubilación se eleve a los 67 años, aunque seguirá siendo posible retirarse antes de alcanzar dicha edad, incluso cobrando la pensión completa, si el trabajador acumula más años de cotización. Así, quienes quieran seguir jubilándose a los 65 años y recibir la pensión íntegra tendrán que haber cotizado 38 años y medio, lo que supone la necesidad de incrementar en 3,5 años de cotización los que hoy se precisan. Eso sí, la reforma plantea un incremento progresivo, que no tendrá efecto pleno hasta el año 2027, por lo que el impacto pleno sobre el sistema de pensiones no se alcanzará hasta dicha fecha. Pero la reforma incluye algunos otros aspectos de gran importancia para los futuros beneficiarios de pensiones públicas, incluso de una importancia muy superior a la de la prolongación de la edad de jubilación. Uno de estos aspectos es el aumento gradual, desde los 15 años actuales hasta 25 años, del período de cotización previo a la jubilación que se computa para calcular la cuantía de las pensiones.
En la actualidad, un trabajador necesita 35 años de cotización -38 y medio después de la reforma- para cobrar la pensión íntegra, es decir, para que no se le apliquen coeficientes reductores. Pero para determinar la cuantía de dicha pensión íntegra sólo se tiene en cuenta el volumen de aportaciones que el trabajador ha realizado, en forma de cotizaciones sociales, los 15 años previos a su jubilación. Es decir, que ahora mismo dos trabajadores que se jubilen hoy y que hayan cotizado, cada uno de ellos 35 años, cobrarán la misma pensión si ambos, en los últimos 15 años, han contribuido en la misma cuantía, con independencia de lo que hayan cotizado en sus primeros 20 años de vida laboral. Esta situación, que supone dar un tratamiento igual a personas que no son iguales (en términos de cotizaciones sociales), es una clara injusticia de nuestro sistema de pensiones actual. Lo lógico sería que, para determinar la cuantía de la pensión de un trabajador que se jubila se tuviesen en cuenta las aportaciones realizadas a lo largo de toda su vida laboral. ¿Por qué, entonces, sólo contabilizamos los últimos 15 años? Porque nuestro sistema de Seguridad Social tenía, en su origen, un problema: la falta de registros administrativos de cotizaciones. Cuando nuestro actual sistema de pensiones nació, no se podía tener en cuenta lo que un trabajador había cotizado a lo largo de su vida simplemente porque esa información era desconocida más atrás de ciertas fechas próximas al nacimiento del sistema. Por esta razón, en los primeros compases de nuestro sistema de pensiones para determinar la cuantía de la pensión sólo se tenía en cuenta lo aportado por el trabajador en los dos años previos a la jubilación, lo que tenía un efecto perverso evidente: se producían fenómenos de compra de pensiones, cotizando al máximo en los últimos dos años de vida laboral para alcanzar la pensión máxima. El período de cómputo fue creciendo progresivamente hasta los 15 años actuales, precisamente para corregir el problema expuesto.
La nueva reforma propone dar un salto progresivo hacia los 25 años de cómputo. Este aspecto, que supone un avance desde el punto de vista de la justicia -entendida como dar un tratamiento cada vez más acorde con las aportaciones de los trabajadores-, tiene un problema que ni el Gobierno ni los sindicatos -los sectores más refractarios a las reformas en España, pero que han sido los que han pactado esta reforma concreta- quieren mencionar. Me refiero a la reducción de las cuantías de las nuevas pensiones que esta medida generará, si no se tocan otros parámetros de cálculo.
Imaginen los lectores un trabajador que se jubila hoy. Sin entrar en tecnicismos, la cuantía de su pensión dependerá de su salario promedio en los 15 años previos a su jubilación. Imaginen que ese mismo trabajador se jubilase hoy bajo el nuevo sistema. Entonces la cuantía de su pensión dependerá del salario promedio no de los últimos 15 años, sino de los últimos 25 años. ¿Qué pasará? Algunos trabajadores pueden salir beneficiados: aquellos cuyo promedio sea superior computando 25 años en vez de 15. Pero las estadísticas de salarios que conocemos del INE nos indican que para la gran mayoría de trabajadores el salario crece con la edad, por lo que son muchos más los que verán reducida su pensión con el nuevo sistema.
El escenario para un trabajador relativamente joven, que se verá afectado plenamente por la reforma, ya que aunque es progresiva tendrá su impacto pleno en 2027, no es nada halagüeño: tendrá que trabajar más años para tener derecho a una pensión íntegra y dicha pensión será más baja. Ésta es la dura realidad. Pero es LA realidad en nuestro país. Los jóvenes tendremos que considerar seriamente la opción de un plan de pensiones para complementar la pensión pública.
