La del miércoles no fue la última cena, sino la primera... de la reforma de las pensiones. Los sindicatos y el Gobierno pactaron una base de acuerdo que se sellará el 2 de febrero y que deja muchos flecos por tratar.
Eso sí, se ha cumplido con los mercados y sin pagar el peaje de una huelga general. Resulta acertado que se vaya a trabajar más años, porque eleva el montante cotizado. Aunque, dada la tardía incorporación al mercado laboral, será difícil para muchos cumplir los 38,5 años necesarios para retirarse a los 65, o los 37 para hacerlo a los 67.
Eso penaliza a quienes más se formen, que demoran su comienzo laboral y también a los que han sufrido con más dureza el paro de la crisis. Falta por tocar la viudedad y no se aborda con dureza las prejubilaciones, quizás para facilitar el ajuste de las cajas.
Lo acordado tampoco implica avances en el acercamiento de la edad real de retiro a la legal, porque no se corta el grifo de las jubilaciones anticipadas. Tan sólo se retrasa a los 63 el retiro anticipado voluntario, lo que cambia de momento esa fuga del mercado laboral sin reducir su volumen.
Destaca positivamente la subida del periodo de cómputo de los 15 a los 25 últimos años. Supondrá un ahorro importante al mermar la pensión media, pero no hará sostenible el sistema per se. Ante la falta de transparencia, es difícil calcular el impacto de estas decisiones en las cuentas conforme evolucione la demografía.
Habría que mejorar esa información al ciudadano y reforzar la contributividad, que sea más parejo lo aportado y lo recibido y que se financien si es preciso las pensiones más asistenciales con impuestos. Se da un paso importante, pero harán falta más.
