La batalla por el control de Iberdrola tendrá un punto álgido en 2011. La constructora ACS parece dispuesta a utilizar todos los elementos a su alcance, salvo el ortodoxo: lanzar una opa para dominar la eléctrica.
Su falta de recursos financieros y su elevado endeudamiento le impiden hacerse con Iberdrola a través de los procedimientos propios de una economía de mercado: adquirir la mayoría del capital en un proceso abierto y competitivo.
Por eso, su intento de asalto a la eléctrica se desarrolla al margen de los mecanismos tradicionales del mercado por el control corporativo, confiando el éxito de la misma a operaciones de naturaleza metaeconómica.
Por ejemplo, la célebre enmienda que lleva el nombre de su presidente, cuyos beneficios para el grueso de los accionistas de la empresa liderada por el Sr. Sánchez Galán son inexistentes.
En la práctica, el comportamiento de ACS parece obedecer a la imperiosa necesidad de obtener fondos para financiar su gigantesca deuda en un entorno de cierre de los mercados financieros y de estancamiento de su negocio central.
El conflicto ACS-Iberdrola es una consecuencia directa de un modelo en el que, sobre la base de una burbuja inmobiliaria que creyeron interminable, muchas empresas constructoras se embarcaron en una política de apalancamiento para financiar una agresiva expansión.
Los emperadores del ladrillo utilizaron los extraordinarios beneficios coyunturales, originados por el boom de la construcción, para endeudarse en cifras astronómicas de manera estructural y penetrar en negocios de los que no sabían nada.
En este camino, se vieron alentados en muchas ocasiones por un Gobierno que buscaba tener influencia sobre las grandes compañías del país. Esa alianza político-empresarial estaba construida sobre arenas movedizas y, como era inevitable, saltó en pedazos con la llegada de la crisis.
En este contexto, el deseo de ACS de acceder a la caja de Iberdrola obedece a una razón comprensible: el instinto de supervivencia. De hecho, todo el programa de venta de activos desplegado hasta el momento por esta compañía responde a ese objetivo. Por eso, ACS en Iberdrola tiene que controlar y despiezar: porque vender ahora sus títulos al precio del mercado le produciría severas pérdidas.
Ésta no es una hipótesis de empresa-ficción ni un arbitrario juicio de intenciones. Ha sido avanzada por numerosos analistas con sólidos razonamientos. La toma de control de ACS se traduciría en la puesta en marcha de desinversiones sustanciales para obtener liquidez y, de este modo, reducir sus deudas y, llegado el caso, obtener pingües plusvalías.
La constructora carece de musculatura financiera y, por tanto, proseguir la política de crecimiento de Iberdrola la obligaría a cubrirla con ampliaciones de capital, lo que diluiría su presencia en el accionariado. En consecuencia, ACS está condenada a liquidar el proceso de expansión y diversificación de la eléctrica con un corolario: Iberdrola pasaría de ser una de las primeras multinacionales del sector a escala mundial a transformarse en una compañía básicamente concentrada en el mercado doméstico.
Aunque se deprecie el hecho de que esa estrategia conduciría a la desaparición de uno de nuestros escasos campeones nacionales y en un sector estratégico, el de la energía, es importante apuntar una cuestión: los teóricos beneficios derivados del despedazamiento de Iberdrola se concentrarían en el corto plazo y, sobre todo, a favor de ACS que, ceteris paribus, además de obtener los fondos procedentes de la venta de, por ejemplo Scottish Power, Energy East o Electro, aumentaría su peso en la compañía resultante sin desembolsar ni un solo euro adicional.
En este escenario, la eléctrica generaría menor valor para sus accionistas en el futuro por tres razones básicas: primera, por el aumento en su estructura del peso del riesgo regulatorio y soberano español; segundo, porque una compañía local tendría menor atractivo para los inversores privados, lo que aumentaría su recurso al endeudamiento si pretendiese expandirse; y tercero, por la desaparición de una plataforma global en un escenario en el que la internacionalización es básica para crecer, generar ingresos y beneficios. Eso sí, probablemente podría darse un postrero pelotazo vendiendo esa Iberdrola mutilada a una compañía transnacional con deseos de entrar en el mercado energético español.
En suma, los costes del medio y largo plazo superarían a gran distancia las ventajas a corto generadas por la desmembración de la primera eléctrica española con una excepción: ACS.
Por añadidura y desde la perspectiva de la teoría económica, la posición accionarial de ACS no fundamenta su demanda de control ni siquiera la de su entrada en el Consejo de Administración de Iberdrola.
De entrada, es cierto que es el primer accionista nominal de la compañía pero también es verdad que los dueños reales del grueso de su paquete son las entidades financieras que le prestaron los miles de millones de euros precisos para comprarlo.
Al margen de este importante detalle, cómo se gestiona una sociedad es una decisión que corresponde a la mayoría de sus propietarios siempre y cuando no se lesionen los derechos económicos y de información de las minorías, lo que no parece ser el caso de ACS.
Por último, si de verdad se aspira a dominar una empresa cotizada existe un instrumento limpio y transparente, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición. Si los mercados creyesen que la constructora presidida por D. Florentino Pérez gestionaría mejor Iberdrola que su actual equipo directivo, le proporcionarían los recursos para ello; sobre todo, dada la cotización actual de la eléctrica. Esto no se ha producido?
En conclusión, en la disputa por el control de Iberdrola, como antes en la librada por el de Repsol, no sólo se enfrentan proyectos industriales opuestos, filosofías empresariales diferentes, sino, sobre todo, la búsqueda de dinero fresco para cubrir agujeros, en esta ocasión, de ACS. Ésta es una opción legítima e inteligible, como también lo es oponerse a ella.
Por eso es fundamental conocer sus implicaciones para no hacerse trampas en el solitario y no rasgarse las vestiduras a destiempo.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
