Los datos apuntan a que el siglo XXI, del que abrimos su segunda década, será el momento de las economías emergentes, que tomarán el relevo de las potencias del hemisferio norte.
Un nuevo escenario geoeconómico comienza a tomar carta de naturaleza, al mismo tiempo que se evidencia el agotamiento o la decadencia del Viejo Continente, con un estándar de vida que, en muchos de los países, se ve amenazado por la falta de vigor del crecimiento económico.
Algunos factores influyen para que estas circunstancias, más que síntomas pasajeros, se hayan constituido en auténticos problemas endémicos.
Datos demográficos, como el que apunta a una tasa de personas mayores de 65 años por encima del 30 por ciento en 2050, ponen de manifiesto que el horizonte económico en Europa no ofrece muchos motivos para la alegría.
Esta situación no es en modo alguno indiferente para el futuro económico de España. Más bien se convierte en un factor adverso que debe hacernos considerar la estrategia futura de nuestro modelo productivo y, en particular, la de las empresas que, por lo que se ve, ni podrán contar a corto y medio plazo con la ayuda de la demanda interna para garantizar su viabilidad ni tampoco con la contribución del sector exterior, habida cuenta de que el 75 por ciento de nuestras exportaciones tiene como destino el continente europeo.
La economía europea, a juicio de los expertos, representará a la altura de 2020 sólo el 13 por ciento de la generación global de riqueza, mientras que las economías emergentes, y en particular China e India, serán las responsables de más de la mitad del crecimiento mundial en la próxima década, consolidándose definitivamente como motores globales.
Con independencia de las reformas que España tiene que encarar para recuperar la vía de crecimiento "entre las que se cuentan el cierre de la reforma laboral, la simplificación de la Administración y la burocracia, que se interponen entre los emprendedores y las empresas en su camino hacia el mercado, y la adaptación de la formación hacia las necesidades reales de las empresas" resulta a todas luces preciso que éstas adquieran el tamaño necesario para encarar con éxito los retos de la competencia en un escenario que cada día será más global.
Las nuevas reglas del juego "pero, sobre todo, el nuevo terreno de juego, más amplio y abierto a nuevos competidores, con costes más reducidos en virtud del efecto de escala" no nos permitirán seguir siendo un país de pymes.
El reto de las empresas españolas en el horizonte de los próximos cinco años es su orientación hacia mercados que acrediten altos crecimientos, como pueden ser actualmente algunos países de Latinoamérica, como Brasil, Chile o México; o de ExtremoOriente, como China, India o Indonesia.
Me consta que, en muchos casos, nuestras empresas disponen de la tecnología y de la experiencia, pero les falta tamaño y fortaleza financiera, y sin duda también cuadros profesionales preparados en materia de idiomas y comercio exterior para abrazar el desafío de la internacionalización al que, querámoslo o no, nos vemos ya abocados.
Sin ser fácil el reto que las empresas españolas tienen por delante, una de las vías para mejorar su posicionamiento estratégico provendrá, sin duda, del análisis de posibles fusiones y adquisiciones.
Algunos estudios indican que las empresas que han ganado tamaño mejoran sus resultados en un 30 por ciento respecto a la media de las que no se han integrado con otras compañías para crecer.
Pero, qué duda cabe, las administraciones deberán ser también un acelerador de este proceso por la vía de facilitar las condiciones que inciden directamente en la mejora de la productividad de las empresas.
Aunque resulte duro decirlo, nuestras legislaciones central, autonómica y local lastran, en muchos casos, la competitividad de nuestras empresas. Probablemente sin quererlo, pero también sin pensarlo, por puro desconocimiento de la realidad en que se desenvuelve su actividad.
Por tanto, habría que revisar y eliminar todo aquello que no aporte valor añadido a la competitividad de las compañías. Adicionalmente, el camino de la internacionalización reclama del Gobierno algunas medidas que complementen las vigentes en materia de promoción y financiación al comercio exterior, como por ejemplo la aplicación de coeficientes reductores en las cuotas sociales que pagan las empresas que exporten, habida cuenta de que estamos 11 puntos por encima de los países de la OCDE.
Si cabe, esta medida tendría un impacto más profundo sobre la competitividad empresarial que las rebajas y deducciones en la base del Impuesto de Sociedades, sobre todo en el contexto actual.
En otro orden de cosas, muchos pensamos que ha llegado el momento de replantearse el modelo de diplomacia vigente en España, más anclado en modos y afanes propios del siglo XIX, cuando primaba más la seguridad y el tránsito de personas que de mercancías.
Los nuevos y perentorios retos de la economía española requieren de un servicio exterior más volcado en prestar asistencia a las empresas que salen al exterior y más pendiente de los intereses de nuestra economía.
Así se ha hecho siempre en Estados Unidos, y este mismo modelo ha sido implantado con éxito por países como Gran Bretaña, que actualmente ponen todo su potencial humano y técnico al servicio de las empresas interesadas en dar el salto al exterior.
Al mismo tiempo, resulta muy triste constatar que España no cuenta con jóvenes profesionales preparados para afrontar las necesidades de internacionalización de nuestras empresas. Éstas consisten, básicamente, en los problemas mencionados anteriormente respecto al dominio de idiomas y el conocimiento del comercio internacional.
En este punto, también, la reorientación de nuestro modelo de enseñanza hacia las necesidades reales de las empresas sería de gran ayuda, lo mismo que disponer de un servicio diplomático que contribuyese a la formación de los futuros gestores empresariales con visión global.
Fórmulas como la canalización de jóvenes profesionales en formación hacia empresas extranjeras, con el fin de dotarles de la necesaria experiencia, se nos antojan muy adecuadas, amén del desarrollo de incentivos sociales como los citados más arriba.
El siglo XXI nos ha traído un desplazamiento de los equilibrios económicos en elmundo que muchos creían inamovibles. España y sus empresas deben abordar estos cambios como una gran oportunidad para abandonar la crisis, pero fundamentalmente, para garantizarse un futuro más brillante.
Nuestro país necesita empresas más grandes, más competitivas, más fuertes ymás internacionales, porque éstas serán las que estén en disposición de crear empleo en el futuro.
Clemente González Soler. Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid. (ADEFAM)
