CORRIERE DELLA SERA (ITALIA)
El termómetro de la desconfianza hacia las instituciones europeas marca fiebre alta hace días. La Comisión Europea presentó sus nuevas propuestas sobre la gestión de las quiebras bancarias.
Desde entonces, la vacación de los inversores en la crisis del euro ha terminado y los tipos de interés sobre la deuda de muchos gobiernos han vuelto a aumentar con vistas a la subasta de Portugal, donde los tipos son altos, provocando que su deuda sea insostenible desde el principio.
Tiene su peso la fragilidad interna del país, pero también la iniciativa de la Comisión Europea de hace días. El comisario Barnier propone que, en caso de salvamento público de un banco, los acreedores privilegiados deban sufrir pérdidas.
Una cláusula parecida existe también en el Dodd-Franck Act, la reforma financiera americana, pero con dos diferencias determinantes que han agudizado la crisis de la deuda en Europa.
En EEUU, las nuevas normas han sido introducidas tras haber estabilizado el sistema financiero, no en plena crisis como hace Bruselas; y hay una evidente contradicción entre la propuesta de Barnier y los compromisos de hace unas semanas: al salvar a Irlanda con 85.000 millones de euros, el Eurogrupo se había comprometido a tutelar en todo caso a los acreedores privilegiados para atajar el pánico.
Pero ha durado poco, porque de Bruselas llega el mensaje opuesto. Y dado que en Europa los bancos poseen billones de deuda de los estados, la crisis de éstos y de los bancos es ya una misma enmarañada madeja. Se observa en estas horas en España, donde el sistema bancario está expuesto a Portugal en 75.000 millones de euros.
Cuanto más perdura la incertidumbre sobre Lisboa, más se niega el mercado a conceder crédito a muchas cajas de ahorros españolas. La solución no parece cercana. El Eurogrupo discute condiciones más abordables, y una ampliación del fondo para tranquilizar a los mercados si se presenta una nueva emergencia sobre España. Pero Alemania no parece dispuesta a aceptar novedades antes de las elecciones de marzo. La tempestad sobre Portugal parece destinada a continuar.
Otmar Issing, uno de los fundadores del BCE, duda acerca de la sostenibilidad del euro. Y según rumores, Bruselas pedirá a Italia un reajuste de 135.000 millones de euros en los tres próximos años: una cifra increíble para todos los entendidos que deberían estar al corriente de ello.
