La decisión sobre la demora en dos años de la edad de jubilación se desvía al Parlamento. Las infructuosas negociaciones entre Gobierno y sindicatos han encallado y hoy ambas partes cambian de postura.
El Gobierno se ha comprometido a adoptar y acelerar las medidas que exige nuestra grave situación económica con o sin consenso, dándose cuenta de que ya no tiene otra salida, en una suerte de huida a la desesperada de las consecuencias de sus errores de cálculo y estrategia ante la crisis.
Por otra parte, unos sindicatos cada vez más desgastados admiten dejar en manos del legislativo la reforma de las pensiones. UGT y CCOO son conscientes de que una huelga general sería un fracaso. No tienen más que ver la exigua capacidad de movilización que tuvieron en la convocatoria del pasado 29 de septiembre.
Por tanto, ahora se centran en buscar argumentos para justificar ante sus bases su falta de reacción a futuros cambios en materia laboral o de pensiones.
Con este fin, se vuelcan en la tarea de lograr un acuerdo de mínimos que poder blandir ante sus afiliados, en invocar a CEOE para que se incorpore a las negociaciones y en exigir que cualquier cambio sobre las pensiones incluya el acuerdo con el PP, ya que el partido de la oposición se resiste al retraso obligatorio a los 67 bajo la tesis de que primero sería precisa una equiparación de la edad real de retiro y la efectiva. La crisis va colocando a cada uno en su sitio.
Ha enseñado al Gobierno que tiene que cumplir su función, gobernar, sin persistir en interminables negociaciones sin fruto y nos ha devuelto unos sindicatos más débiles y sabedores de ello.
