España es una democracia y la soberanía nacional reside en las Cortes. El Gobierno, salvo situaciones excepcionales, debe cumplir sus mandatos. Pues bien, el pasado 23 de junio, el pleno del Congreso aprobó una moción en la que instaba al Ejecutivo a mantener la rentabilidad de las inversiones en energías renovables y a respetar la seguridad jurídica de las instalaciones en funcionamiento.
Se acababa de hacer pública la intención de Industria de recortar la retribución de las instalaciones fotovoltaicas un 30 por ciento con carácter retroactivo, y sus señorías la rechazaron alto y claro, ejerciendo su responsabilidad y su función de controlar al Gobierno.
Otras autoridades, como la Comisión Europea también se han pronunciado contra la retroactividad. Pero el Gobierno, haciendo caso omiso, ha incluido el recorte retroactivo en el Real Decreto-Ley 14/2010, publicado en el BOE el día de Nochebuena. La normativa acarrea fuertes pérdidas económicas a más de 50.000 instalaciones todavía sin amortizar.
En el mejor de los casos, los titulares tendrán que renegociar a la baja las financiaciones que cerraron hace apenas tres años; en el peor, no podrán hacer frente a la devolución de los préstamos, con lo que perderán su instalación, las garantías que los respaldaban y, además, engrosarán los listados de morosos.
Las empresas fotovoltaicas y los titulares de esas 50.000 instalaciones confiaron en el discurso prorrenovable del Gobierno, en la legislación española y en la propia seguridad jurídica del país para invertir más de 20.000 millones de euros.
Dado que las dos terceras partes del parque fotovoltaico español está en manos de particulares, de familias, hay unas 200.000 personas que se sienten estafadas por el Gobierno. No debe extrañarnos que ya se estén preparando decenas de miles de recursos ante los tribunales nacionales e internacionales para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado.
El RD-L 14/10 tiene que ser validado por el Parlamento a finales de enero, y sus señorías tienen la oportunidad de reafirmarse en lo que aprobaron el pasado 23 de junio y evitar que el Gobierno culmine lo que no puedo calificar de otra forma que de atropello y abuso de poder.
Con independencia del rechazo directo a la norma, ésta se podría tramitar como Proyecto de Ley, con lo que se introducirían cambios consensuados que recuperasen la seguridad jurídica y paliasen el desastre.
Si finalmente se aprueba el brutal recorte retroactivo, así como otras disposiciones que habilitan al Gobierno a actuar discrecionalmente, en primer lugar lo pagará el sector fotovoltaico español, demonizado por el mero hecho de haber actuado conforme a las reglas establecidas, y en segundo lugar el propio país, cuya credibilidad quedará a la altura de las suelas de los zapatos.
Por ahí se dice que la actuación del Gobierno en lo que respecta a la energía fotovoltaica es discriminatoria, arbitraria y contraria a principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Esperemos que los miembros del Congreso reconduzcan la situación y demuestren que España es, a pesar de los intentos de algunos, un auténtico Estado de derecho.
Javier Anta. Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica. (ASIF)
