En los últimos meses, acudimos a importantes acontecimientos que introducen modificaciones en el tradicional sistema representativo de las empresas españolas.
Desde hace más de 30 años, coincidiendo con la transición, CEOE, más conocida como gran patronal, ha mantenido la centralidad de esta representación, así como el reconocimiento institucional generalizado.
Por otra parte, las cámaras de comercio, industria y navegación, a través de la cuota y adscripción obligatoria de las empresas y autónomos, se convertían en un aliado imprescindible, una extensión de CEOE en el ámbito comercial y promocional.
Cuando en los 80 nacen algunas insinuaciones asociativas de pequeñas y medianas empresas, como respuesta autónoma ante el déficit representativo de este mayoritario sector empresarial nace desde el seno de CEOE, la Confederación de la Pyme para cubrir el espacio vacío. Ésta viene a cumplir su misión de forma casi virtual, con la cobertura de su entidad originaria, pero frena cualquier capacidad alternativa, excepto en algún territorio como Cataluña.
Avanzados ya los años 2000, se escenifica la presencia de nuevas realidades asociativas de autónomos, como resultado de la escasa presencia de este colectivo en la patronal tradicional.
También desde el aparato empresarial se promueve una organización específica, aunque en este caso la pujanza de las nuevas organizaciones de autónomos no ha permitido que se acalle su voz y presencia, habiendo consolidado ya su posición.
Por otra parte, la unicidad asociativa se reproducía también en el interior de la asociación, en la que prácticamente, hasta hace escasos meses, no hemos llegado a conocer la existencia de diferentes sensibilidades ni corrientes de opinión, que parecerían naturales en un colectivo tan heterogéneo, ni tampoco hemos llegado a observar durante años debates públicos de suficiente solvencia sobre su naturaleza y eficacia, lo que contrasta con la permanente puesta en cuestión de las estructuras sindicales, por poner un ejemplo.
Es cierto que CEOE ha jugado un papel trascendental en el proceso de consolidación democrática. Que ante la inexistencia de una tradición asociativa del empresariado, el equipo forjado en torno al histórico Cuevas llevó a cabo un papel sustancial y necesario que hoy debemos agradecer. Pero también es inevitable reconocer que el cambio y el debate interno deben acompañar todo proceso asociativo democrático, y que la diversidad, tarde o temprano, tiene que hacerse identificable en toda realidad asociativa viva. Y esto es lo que parece estar ocurriendo en estos meses.
Tras el abandono de Díaz Ferrán, por primera vez conocemos un proceso electoral interno dentro de la patronal que, sin duda, reforzará sus estructuras. Parece que el equipo de Rosell se presenta con un aire inspirador de cambio.
La reciente reunión en Moncloa de las 50 grandes empresas, sin presencia de su gran organización, creó también un precedente importante, aunque no aconsejable para el futuro. La presencia voluntaria de estas compañías y el hecho de que casi no se conocieran opiniones que pusieran en duda en ese momento el formato de la reunión así lo certifica.
Mayor importancia tiene la eliminación de la cuota y la adscripción obligatoria a las cámaras de comercio, algo que ni las propias empresas han podido criticar. Las cámaras continuarán, incluso con el nuevo modelo podrán ser más eficaces, pero ya nunca más volveremos a poner en duda el principio de la libre elección, elemento sustancial de nuestro formato constitucional.
La aprobación definitiva, también en estas fechas, del Decreto que regula la representatividad entre los trabajadores autónomos y sus asociaciones naturales ofrece la posibilidad de presencia de una CEOE organizada, pero deberá compartirla con nuevos modelos organizativos que responden a la diversidad de este colectivo, que nunca debió tratarse como un todo homogéneo.
Por lo tanto, algo se está moviendo en el mundo empresarial y parece que en sentido positivo. Quizá la reforma básica de nuestro modelo empresarial debería haber comenzado por la renovación en el modelo representativo, porque las personas que ejercen actividades económicas o administran sociedades ni son iguales, ni responden a los mismos intereses.
Sebastián Reyna. Secretario general de UPTA España.