En enero, el recibo de la luz se encarecerá un 9,8 por ciento por el mayor coste de la energía en el mercado.
Al estar congelada la parte regulada, la subida no servirá para contener el déficit tarifario, el desequilibrio surgido por la divergencia que se arrastra entre el precio pagado por el usuario y el coste del servicio y que lastra poderosamente los balances de las eléctricas españolas hasta el punto de requerirse una colocación en el mercado con aval del Estado. Pero lo más imporante del alza de enero es el momento en que se produce.
Tras llevar a cabo una política energética de bandazos, huérfana de visión de conjunto y de recorrido, que ha llenado al sector de incertidumbre, el Ejecutivo no aplaca o retrasa esta impopular subida con los mecanismos que sí ha utilizado en ocasiones precedentes por motivos de agenda política.
El decreto urgente aprobado el jueves pasado en Consejo de Ministros -con el tijeretazo a las fotovoltaicas y con los ingresos que proporcionará la nueva tasa de 0,5 euros por MW/hora- le garantiza una bajada de los peajes que podrá venderse oportunamente en campaña como un abaratamiento del recibo y un espaldarazo a los castigados bolsillos de la crisis. Un efecto placebo sobre el votante que se puede aplacar con la memoria.
Con el recuerdo de los desmanes de un Gobierno que en materia energética ha jugado al despiste, que nos tuvo esperando por un inexistente pacto de Estado, que no afrontó a tiempo el problema del déficit de tarifa, que dio señales equívocas a las energías verdes. En definitiva, por un Ejecutivo que ha errado el tiro en materia energética para acabar legislando de urgencia.
