No hace tanto tiempo Rodrigo Rato, actualmente presidente de Caja Madrid, afirmaba que no era admisible que con cargo a los recursos públicos se financiaran "directa o indirectamente" prejubilaciones masivas.
Cierto, es un escándalo que todos los españoles, a través de nuestros impuestos, solucionemos los particulares problemas laborales de particularísimas empresas? que simultáneamente presentan balances con milmillonarias (en euros) ganancias.
Las cajas de ahorros, supuestamente independientes y bien gestionadas, se encuentran hoy en el ojo de huracán como consecuencia de su disparatada política de financiación de la burbuja inmobiliaria.
Ayer, ofrecían préstamos hipotecarios al cien por cien sobre fincas sobrevaloradas? por sus propios tasadores. Y ahora afirman su plena solvencia? a pesar de la gigantesca deuda inmobiliaria con activos sobrevalorados e incolocables en la coyuntura económica actual. Solvencia que las agencias de clasificación no creen, como tampoco yo.
Y, mientras prosigue la miope (o ya ciega) lucha por ver quién mantiene el control de tal o cual caja, se retrasan las necesarias fusiones hasta el punto de que cruja nuestra credibilidad en el exterior.
Acá, como siempre, lo trascendente son los intereses de los privilegiados (partidos políticos y sindicatos), directamente vinculados con los intereses de financiación particular de cada gobierno autonómico.
Estamos hablando de política, que no de economía, cuando deberíamos hablar de economía, que no de política.
Y volvamos al principio: el señor Rodrigo Rato ahora y con cargo a la línea de crédito del Frob se dispone a prejubilar a 4.000 trabajadores. Y no es la única. Caja Mediterráneo, Novacaixa, Caja Murcia y otras harán lo propio con otros 4.000 más.
Y así, en íntimo abrazo, los sindicatos y las cajas acuerdan que el costo de sus errores repercuta sobre la ciudadanía, que no sobre los propios responsables.
Es la propia lógica del sistema. Por putrefacto que éste sea. Que lo es.
Javier Nart. Abogado.
