Por fin, hoy se aprueba la nueva ley concursal. Si bien todos los especialistas coinciden en que la actual es una buena norma, la realidad que impusó la crisis pulverizó las previsiones más pesimistas sobre el volumen de empresas que podrían declararse insolventes.
Como consecuencia, los tribunales se han colapsado. Por ello, era urgente aprobar un nuevo texto que acorte los procedimientos y evite el deterioro patrimonial de las concursadas.
También, que dé una solución al chantaje de algunos acreedores que amenazan con alargar los procesos si no se les pagaba de forma inmediata y fuera del concurso.
Y, sobre todo, había que regular el mecanismo para negociar refinanciaciones de la deuda y lograr que sigan actuando. El Parlamento aún tendrá que pulir esta pieza legislativa.
