El Gobierno logró ayer emitir 2.500 millones en letras con una demanda considerable. No es de extrañar, pues pagó un precio elevado, un 3,45% por las de un año y 3,72% por las de 18 meses, un punto más de interés que hace un mes y muy lejos del 0,83 que llegó a abonar en enero.
Tales rendimientos representan otra mala noticia para la financiación. A esos niveles, el sector público compite, y por tanto encarece, con cualquier intento del sector privado por lograr liquidez.
En especial, aumenta la presión sobre nuestro sector financiero, cuyos depósitos reembolsan de media un 2,75%. Por no hablar de las entidades que se han embarcado en una guerra del pasivo retribuyendo hasta un 4%. Estas rentabilidades de la deuda española pueden restar atractivo a esas ofertas, y privar a la banca de una ansiada liquidez.
Así se ensombrece la noticia positiva de que nuestras entidades hayan reducido su dependencia del BCE. Y lo peor es que tal escalada en los precios de la deuda tiene visos de seguir hasta que no haya medidas definitivas.
Mientras tanto, el Gobierno anunciaba ayer una fórmula para sustituir los desaparecidos 426 euros de ayuda, un recorte considerado esencial tanto por su ahorro como por el incentivo que supondría a la búsqueda de trabajo. Ahora aprobará un nuevo subsidio, pero esta vez ligándolo a la formación.
No obstante, ya conocemos el escaso éxito que estas políticas han tenido en España. Nunca logran recolocar a los parados. Y el mensaje que transmitimos resulta preocupante. No se puede hacer una cosa y al día siguiente la contraria. Pagamos muy caro tamaña falta de credibilidad.