Después de diez decretos y más de nueve meses para regular a los controladores, no se puede decir que el Gobierno haya gestionado bien a este colectivo. Ha faltado la previsión.
Sin embargo, una vez estos trabajadores decidieron responder de una forma tan desmesurada, estaba justificado el estado de alarma, aun con las dudas jurídicas que despierta. El Gobierno hace bien al prorrogarlo durante las Navidades para evitar mayores percances.
La privatización de las 13 torres en 2011 se antoja un buen modo de empezar a imponer la disciplina. Las empresas ya han mostrado su interés y traerán sus propios controladores, lo que reducirá la dependencia de los existentes.
Sin embargo, estas compañías todavía tendrán que homologarlos, lo que puede hacer esta tarea algo más ardua.
