La morosidad de las Administraciones con la banca se dispara. Aunque la cantidad no es todavía significativa y la mora se encuentra en unos porcentajes muy por debajo de la media, sólo en septiembre se ha elevado en un 159%.
Tan espectacular y repentino repunte puede reflejar las presiones que ha impuesto el Gobierno central a las comunidades autónomas y, sobre todo, a los ayuntamientos para que se ajusten el cinturón. El caso de los municipios puede resultar acuciante.
Después de que se hayan acostumbrado a dar unos servicios que sólo podían mantener con los ingresos extraordinarios fruto de la burbuja inmobiliaria, se les obliga a ingresar más o recortar, justo antes de las elecciones de mayo.
El efecto balsámico que podía atribuirse a los planes E o la línea ICO para proveedores no ha servido de nada. Así que los consistorios acuden a las entidades financieras para captar una liquidez que no parece que puedan volver a recuperar.
No es de extrañar que el crédito a las administraciones haya aumentado en un 25% mientras se cierra a familias y empresas. Por un momento, el Gobierno quiso acabar con este peligroso proceso de engorde de la deuda prohibiendo la refinanciación; pero enseguida relajó la norma permitiéndoselo a aquellas con un endeudamiento menor del 75% de su presupuesto.
Quería evitar una oleada de quiebras municipales. Mientras, un nuevo esquema de financiación ha sido postergado una y otra vez porque detraería recursos de las autonomías. Se demoran demasiadas decisiones difíciles. Por si acaso, la banca debe vigilar esta delicada exposición al sector público.
