Se viene hablando y escribiendo mucho estos últimos meses sobre la alta morosidad de las administraciones públicas en el pago a los proveedores como una de las causas que hacen aún más profunda la crisis de las empresas, en especial de las más pequeñas y de los autónomos.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que los síntomas de la enfermedad no aparecen por igual en todos los ámbitos administrativos, aunque sí que se agrava progresivamente en todos ellos. El problema se centra, muy especialmente, en la administración local, en menor medida en la autonómica, y mucho más suavemente en la central.
Es obvio que las dificultades financieras actuales de los municipios y la facilidad con que en años anteriores comprometieron gastos están produciendo un endeudamiento que dificulta o impide el normal desarrollo de muchas empresas. Pero es imprescindible hacer un análisis un poco más sosegado sobre las claves de esta morosidad y un diagnóstico de ella para encontrar soluciones, si es que las hallamos.
En primer lugar, la pequeña empresa sufre más la morosidad interempresarial en el ámbito privado que la directa del sector público. Esto es así porque los contratos públicos se hacen en primera instancia con empresas de mediana o gran dimensión, en especial en el sector de la construcción y las infraestructuras.
Son estas compañías las que de forma habitual no pueden hacer frente a los pagos de sus subcontratados bien porque no cobran de sus clientes, bien porque, aun cobrando, tienen que asumir con carácter previo otros pagos prioritarios como la nómina de sus trabajadores, deudas con Hacienda o la Seguridad Social, o incluso compromisos financieros pendientes.
Por esta razón, resulta imprescindible acompañar cualquier medida de apoyo a la reducción de la morosidad de la necesaria transparencia pública en los pagos pendientes efectuados, de tal manera que el subcontratista conozca la situación efectiva y pueda ejercer sus derechos.
También es necesario tener en cuenta que el nivel de morosidad de nuestra administración local no es nuevo, y que siempre ha sido elevado.
Desde 2008, la dificultad viene añadida por la restricción crediticia. Hasta entonces, resultaba bastante viable descontar el papel público, es decir, las certificaciones de pago, incluso acceder a crédito con la simple demostración del contrato en firme. Esta situación, aunque no deseable por el alto coste de la financiación a costa de la renta del autónomo o el menor nivel salarial de sus trabajadores, al menos permitía un funcionamiento fluido de la empresa.
Por otra parte, la nueva Ley de Morosidad difícilmente pondrá coto a esta situación.
La aplicación de intervalos de pago más cortos pero aplicables en calendarios temporales lejanos, más allá de 2011, las especiales condiciones impuestas por las constructoras para pagar a sus proveedores, y la fijación de plazos y condiciones equivalentes para todas las empresas, con independencia de su tamaño, han producido un texto legal no sólo ineficiente, sino también injusto.
La equivocación ha sido abandonar la bandera de la morosidad para que fuera recogida por la mediana y gran empresa, que es a su vez morosa del resto del tejido empresarial mayoritario. Algunas asociaciones de autónomos y de microempresas han caído en ese error, confundiendo los objetivos que deberíamos habernos marcado.
Por otra parte, el debate en exclusiva sobre la pública oculta la gravedad de la morosidad comercial. Grandes empresas de distribución han decidido financiarse casi en exclusiva con cargo a sus proveedores, en muchos casos autónomos o microempresarios, que son los que tienen una mayor dependencia.
De esta forma, el sector preponderante de pequeñas empresas no sólo no puede acceder a crédito externo, sino que debe, además, financiar a sus clientes. En estas condiciones será imposible estabilizar el consumo y fomentar el crecimiento.
Sebastián Reyna. Secretario general de UPTA España.
