Los fondos de pensiones , tanto privados como soberanos, se han posicionado desde hace años como uno de los mayores inversores institucionales a nivel mundial, buscando inversiones atractivas a favor de las futuras pensiones y tratando de alcanzar un equilibrio adecuado entre rentabilidad y riesgo.
El impacto de la reciente crisis financiera ha reflejado lo expuestos que estos mismos fondos se han mostrado a los excesos de los mercados, con una repercusión sin precedentes, al registrarse importantes pérdidas no realizadas en sus inversiones, dependiendo su magnitud de la composición de la cartera en términos de riesgo.
Esto ha llevado a poner en peligro su solidez financiera y cuestionar su capacidad de proporcionar prestaciones adecuadas.
Desde el año 2009, que finalizó con la recuperación de los mercados financieros, se está asistiendo a una reasignación de las carteras que componen los fondos de pensiones privados y soberanos, así como a la reformulación de los enfoques tradicionales de gestión de riesgos.
En ese sentido, muchas voces han señalado a las inversiones en los mercados de renta fija como una de las piezas imprescindibles para la captación de financiación y para la recuperación económica.
De ahí que los fondos, con la perentoria necesidad de rentabilizar los recursos financieros de los que disponen para afrontar las obligaciones que se devengarán en el tiempo, hayan decidido apostar por deuda del Estado y comunidades autónomas, otros valores de renta fija y depósitos bancarios con altas rentabilidades garantizadas potencialmente a largo plazo por su elevada calidad crediticia.
Recordemos que la necesidad de financiar, de alguna manera, los crecientes déficits de los Estados ha llevado a colocar volúmenes masivos de emisiones de deuda pública a nivel mundial, de forma que estamos asistiendo, en los últimos meses, a colocaciones en el mercado financiero que llegan a sorprender por su plazo y rentabilidad. Por ejemplo, Grecia pagando casi un 10% por deuda a diez años, México ofreciendo un 6% por títulos a la friolera de cien años, o Goldman Sachs, ofreciendo parecida rentabilidad, pero sólo a 50 años.
En el caso nacional, lo más destacable ha sido la aparición de los llamados bonos patrióticos de las autonomías, con alta rentabilidad, que iguala o incluso supera a la de los mejores depósitos delmercado y a la ofrecida por los bonos del Estado, debido al mayor riesgo que suponen este tipo de emisiones.
Pero no olvidemos, además, que en el caso de España, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, uno de los mayores fondos de pensiones institucionales a nivel mundial, ha reorientado aún más la inversión hacia la compra de deuda pública española frente a la extranjera, pasando del 55,45% de activos financieros españoles con los que cerró el Fondo en 2008 al 76,27% tan sólo un año después.
Ello refleja, claramente, la política seguida por el Fondo en materia de inversión. El objetivo del Gobierno es que a finales de 2010 el 90% de esa hucha de las pensiones esté invertido en títulos estatales.
Este nacionalismo inversor del Fondo puede interpretarse en estos momentos como una forma de ayudar a la recuperación de la economía española, pero contrasta, por otro lado, con la huida de las familias y las instituciones sin fines de lucro de la deuda estatal.
Su peso en el total de la deuda nunca ha sido tan bajo siendo tenedores en la actualidad del 0,7 por ciento del total, cuando en 1996 su porcentaje llegó a ascender al 4 por ciento.
La confianza de nuestros gobernantes en la deuda pública española como garante del fondo de reserva de las pensiones públicas no parece ser la misma que la que tienen los ciudadanos.
Esto nos lleva a cuestionar si la actual posición de los fondos de pensiones privados e institucionales como uno de los mayores inversores en renta fija soberana los ha colocado en una posición de gran dependencia respecto a la propia evolución del déficit de los países y de su deuda , exponiéndose a un riesgo percibido que debería ser reducido por una adecuada diversificación.
También nos plantea la legitimidad de los gobiernos de financiar parte de sus deudas a través de los fondos de pensiones institucionales.
Rocío Gallego Losada. Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
