Hasta la vivienda protegida acusa el impacto de la crisis. El 25% de los beneficiarios renuncia a la VPO concedida. Lo hacen aquellos a quienes el paro o la merma de ingresos les hace imposible afrontar ahora el pago, o bien aquellos que no han logrado obtener un crédito de bancos o cajas para financiar la compra.
El hecho de que renuncie un porcentaje tan alto de adjudicatarios, que en algunas CCAA llega al 40%, hace patente que la política de VPO del desaparecido Ministerio de Vivienda ha sido arrasada por la crisis y que ahora es incapaz de lograr los fines perseguidos, ya que no ha conseguido materializar las facilidades de acceso a la vivienda para las familias de menos ingresos. Que uno de cada cuatro adjudicatarios renuncie es todo menos éxito.
