Tras la contundente reacción del Gobierno, con un histórico estado de alarma incluido, los controladores aéreos empiezan a avenirse a negociar por vías civilizadas, aparcando sus habituales tácticas de chantaje y captura.
Resulta inadmisible que un colectivo minoritario ponga en jaque a un país y desbarate la imagen que proyecta al exterior. Los desajustes que periódicamente generan estos privilegiados no sólo afectan a multitud de ciudadanos por la demora o frustración de un desplazamiento.
También ocasionan pérdidas económicas irrecuperables. En concreto, al turismo, prácticamente el único sector que remonta. Si bien no se espera un impacto significativo en el PIB trimestral a causa del caos de este Puente, sí es cierto, tal como certifican los expertos consultados por elEconomista, que dañará la imagen de España.
El Gobierno ha hecho lo correcto al aplicar mano dura al conflicto. Pero, no lo olvidemos, el decretazo de Fomento del viernes es un desafío extemporáneo que pilló al colectivo a contrapié. Los controladores deben asumir su contenido y negociar cualquier nuevo acuerdo por los cauces legales, sin abusar de su poder de presión y sin pretensiones surrealistas, como la de retirarse a casa con el 80 por ciento del sueldo si no pasan la prueba de inglés.
Y el Gobierno, que ha neutralizado con acierto la tentativa de sedición, debe aplicar la misma celeridad y la misma capacidad de análisis en el frente económico. Se ve que Zapatero entiende bastante menos a los mercados, porque no ha sabido lanzar un mensaje claro ni hacer acopio de firmeza a la hora de acometer las reformas que precisa nuestra economía.
