España celebra el aniversario de la Constitución en estado de alarma, y tal vez sea lo más justo, pues si el Derecho ha de acompasarse a la realidad social, justo es que se reconozca jurídicamente que los ciudadanos estamos alarmados.
Cuando millones de familias no saben cómo van a pasar la próxima Navidad, mientras miles de ciudadanos dejan cada día de escuchar las noticias para no deprimirse y Cáritas atiende a más de 800.000 españoles al año en los despachos parroquiales...
Hemos asistido incrédulos a una desaforada demostración de insolidaridad. Los controladores no han ejercido el derecho de huelga; antes bien, han violado la Ley, provocando un daño indiscriminado y desproporcionado al mismo tiempo.
Indiscriminado, porque afecta ciegamente no sólo a Aena, su empleador directo, sino a todos los ciudadanos: hombres y mujeres, ancianos y niños, ricos y pobres, trabajadores y empresarios, españoles y extranjeros? en cualquier circunstancia y sin distinción alguna.
Daño incalculable
Desproporcionado, porque la extensión del daño y el perjuicio causados y su gravedad no se acompasan en absoluto con los intereses que tan torpemente tratan de defender. Y a estos efectos, lo mismo sería que los controladores estuvieran defendiendo derechos legítimos o privilegios corporativos: su conducta es digna de reproche en sí misma. También desproporcionado, porque, como desde el inicio del conflicto comentaban los lectores de eleconomista.es, es incalculable el daño que esta irresponsabilidad causará a nuestra muy necesitada economía, especialmente al turismo y al comercio.
Hay cauces en nuestro ordenamiento jurídico para que los controladores defiendan con legitimidad sus intereses, para que ejerzan su derecho de huelga, impugnen las decisiones empresariales o gubernamentales que les afectan y recurran la inconstitucionalidad del decreto que rechazan.
Sin embargo, en vez de defenderse con la Ley en la mano, como hacemos casi todos, decidieron hacerlo a espaldas de ella y contra los demás ciudadanos, secuestrando irreparablemente su libertad y despreciando su dignidad. Este último aspecto -la soberbia y la manipulación del prójimo, la insensibilidad social demostrada- es lo que más extraña e indigna al común de los ciudadanos, porque contra el sentido común atenta.
Abuso antisocial
¡Qué nadie se ampare en el Derecho para justificar este proceder! El Derecho, que es proporción y medida, está al servicio de la Justicia y del bien común. Lo que hemos visto es precisamente la perversión del Derecho, su abuso antisocial por unos pocos contra la mayoría de los trabajadores, incluidos los parados.
La actuación del Gobierno, tanto previa al estallido del conflicto como en la gestión del mismo, puede no haber sido la más correcta; pero ése es otro debate, cuya conclusión, sea cual sea, no quita un ápice de gravedad a la conducta de los controladores, ni la justifica en modo alguno.
Nuestra Constitución, que ahora celebramos, declara a España "Estado social" y, en consecuencia, protege extraordinariamente los derechos de huelga y de libertad sindical. Esta protección, que el Derecho del Trabajo actúa, deja en manos de los sindicatos instrumentos muy poderosos que han de ser ejercidos con responsabilidad proporcional a la fuerza que el Estado les otorga.
La utilización torticera del abandono de su trabajo -que es un servicio público esencial- como instrumento de presión, perjudica gravemente a todos los trabajadores como colectivo, pues daña la legitimidad de las instituciones que los defienden. El gran poeta latino Quinto Horacio escribía, allá por en el siglo I a. C., unos versos que parecen pensados para reflexionar en esta ocasión:
"A la fuerza insensata, su peso la derrumba: // a la que es moderada, los dioses la acrecientan; // porque odian las fuerzas que inspiran// en las almas los actos impíos". (Horacio, Oda IV, Libro III)
Conducta insensata
La insensata conducta de los controladores -gravemente lesiva para el bien común, realizada con la conciencia y la voluntad de hacer daño- ha de tener consecuencias jurídicas en los diferentes órdenes del Derecho. Lo contrario sería la renuncia del Estado y de la comunidad ciudadana a la Justicia, junto con la seguridad de que la actuación volvería a repetirse.
Aena ha procedido a la apertura de expedientes disciplinarios en el ámbito laboral, la Fiscalía está actuando en el orden penal y hay ciudadanos, empresas y organizaciones iniciando reclamaciones en la vía civil. Habrá que esperar los resultados. ¿Tienen fundamento las reivindicaciones y protestas de los controladores aéreos? Incluso cuando lo tuvieran, su conducta demuestra que han perdido la razón? en todos los sentidos.
Carlos de Benito es Vicepresidente de AEDIPE, Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad Francisco de Vitoria
