¿A qué les suena la frase "eso se paga y ya está, y al que no le guste que se aguante"? Esa es una de las expresiones que más escuchaban los súbditos de este país en los tiempos en los que se rellenaban de cadáveres las fosas que ahora nos da vergüenza abrir.
Pues bien, no hemos de mirar 60 ó 70 años atrás. La pronunció, no hace dos años, el señor Teddy Bautista, principal vocero de la SGAE y las entidades de gestión, referida al canon digital.
Recuerdo como abogado que, entrada la democracia, la seguridad jurídica fue eliminando esas conductas y los súbditos devinieron en ciudadanos, con todas sus obligaciones, pero también con todos sus derechos.
Que nadie se equivoque. Políticos, instituciones y administraciones han acreditado, en este caso específico, un nulo interés en la defensa de los intereses de los españoles. La colleja del TJUE también es para ellos. Sólo Iniciativa per Catalunya mostró, desde el primer momento, su oposición a la legalidad del canon digital. Nos han tratado como a súbditos y ahora igual nos toca pagar, además, sus platos rotos.
En nuestro devenir hacia Europa y la democracia, no todas las administraciones e instituciones han evolucionado igual. Algunas, incluso, en estos últimos años han involucionado. Éste es el caso de las entidades de gestión de derechos de autor.
Son los últimos sindicatos verticales, siempre en connivencia con el que manda en cada momento, que prefiere mirar hacia otro lado, no fuese caso de que le monten un pollo.
Esta situación ha permitido crear y engordar el llamado canon digital, que no es más ni menos que la indemnización que debemos pagar a los autores por una segunda copia de una obra legalmente adquirida. Nada tiene que ver con la idea interesada de indemnización por la piratería (informe de la Abogada General de la UE en el procedimiento Padawan/SGAE.), que también hay que estudiar.
De ahí que, ya en la propia sentencia, se reconozca que se ha cobrado indebidamente (luego hay que devolver) a Instituciones Públicas, empresas y profesionales. Ese reconocimiento comporta, además, la responsabilidad patrimonial del Estado por publicar una norma pésimamente redactada y mantenida a toda costa que agrava el daño, y mucho, a diversos colectivos.
Pero la sentencia dice más. Explica que ha de existir una relación directa entre la adquisición y la copia. Ello abre la puerta a la exención para todos los particulares que han adquirido equipos para fines que no son el uso privado.
Un ejemplo de exención: los ordenadores y el material tecnológico para uso escolar. Quiero recordar aquí que por cada estudiante que está en el cole ya pagan sus padres a las entidades de gestión, entre tres y ocho euros al año por las copias y fotocopias que se hacen en clase. Las escuelas e institutos públicos tampoco se escapan.
Finalmente, esas excepciones deben llegar también a aquellas personas que por sus minusvalías necesitan de la tecnología para que su vida sea mejor. La frase "en este país, los ciegos pagan por lo que no ven y los sordos por lo que no oyen" es rigurosamente cierta.
Pero no todo está en devolver lo indebidamente cobrado. A partir de ahora, hemos de estar especialmente vigilantes. Nos podemos encontrar con la paradoja de que los perpetradores intelectuales de tamaño desaguisado, en vez de ser destinatarios de unas orejas de burro, pueden recibir un premio, sustancioso premio: ese canon que ya dicen que sustituirá al obsoleto canon digital. Premio cum laude que recibirán por haber vaciado las arcas públicas y los bolsillos de los ciudadanos privados por activa, pasiva y perifrástica.
Ése no es el camino a seguir. No pueden entenderse las entidades de gestión exclusivamente como "maquinitas de hacer dinero" (Bautista dixit). Habrán de empezar a pensar que, en democracia, cada uno ha de asumir su parte de responsabilidad en el desaguisado, cosa que se niegan a hacer.
Quizá ahora podamos entender el tono y el sentido de las palabras de quien ha de abogar por ciertos autores, que no todos, Eduardo Bautista, quien en lugar de acatar la resolución de la Audiencia de Barcelona, que cuestionaba la legalidad y legitimidad del canon digital al enviarlo a Europa, declaró delante de los micrófonos que "el canon es agua pasada. Eso se paga y ya está, y al que no le guste que se aguante".
Y en la mejor tradición de nuestra pasada dictadura, pidió ayuda a Carme Chacón, ministra de los Ejércitos, para que los cuarteles pusieran en vereda a tanto ciudadano rebelde, en caso de que la policía no lo hiciese.
Estoy seguro de que hasta a esos señores vestidos de negro frac, se les caería la cara de vergüenza.