En España, los sindicatos gozan de una consentida e injustificada bula a la hora de no rendir cuentas y no hacer públicos datos clave de su gestión interna. Llama la atención el secretismo en torno a su cifra de afiliados o de liberados, sus gastos, sus sueldos, su patrimonio, sus ingresos y la composición de éstos, así como sobre las partidas que reciben por todos los conceptos, en dinero o especie, del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Algo impensable en cualquier otro tipo de organización. Según uno de los principales líderes sindicales, se nutren en un 90 por ciento de las cuotas de sus afiliados, algo que no cuadra con los ingresos que se les intuyen. Reciben ingentes cantidades del Presupuesto por representatividad y asesoría, sin contar lo percibido de las tres AAPP por formación,ni las subvenciones que captan de autonomías y municipios, cuyo importe es incuantificable.
Los sindicatos españoles también se alimentan de controvertidos ingresos que no pocos titulares han encendido: pagos por colaborar en un convenio colectivo o aprobar un ERE. Otra cifra imposible de estimar.
Y se mantiene viva la perenne incógnita sobre los liberados. La estimación oficial atribuiría esta condición a unas 3.000 personas entre administraciones y empresas públicas, cuando sólo en la Comunidad de Madrid se alcanza de facto esa cota. Mientras estas formaciones sigan sin reestructurarse y modernizarse,mientras sigan siendo opacas, mientras sigan viviendo sin auditoría alguna del dinero público, y no eminentemente de las cuotas, no podrán, en puridad, ni representar al trabajador ni deberse a los fines que se les suponen.
