Si analizamos la huelga general del próximo 29 de septiembre por lo que aparentemente representa, no diremos más que es una reacción sindical ante unos cambios legislativos que no les interesan, aprovechando para protestar por otros asuntos como la bajada de sueldos a los funcionarios o la posible modificación de la edad de jubilación y de las condiciones para acceder a la misma. Pero estos argumentos -completamente creíbles e incluso capaces de movilizar por sí mismos a un buen número de trabajadores- pueden perfectamente constituir la bandera de salida de una operación de relanzamiento del Gobierno y de su presidente en particular.
Si observamos la infinidad de problemas a los que se está teniendo que enfrentar este Ejecutivo, veremos que el que de verdad les ha puesto -nos ha puesto a todos- al borde del abismo no ha sido otro que la crisis de la deuda, que ha amenazado seriamente, y aún de alguna forma puede amenazar, la financiación del Estado y, por consiguiente, el normal desarrollo de su funcionamiento.
Crisis de deuda pública
El Estado casi llega a la suspensión de pagos, y se tenían serias dudas sobre la capacidad de colocar las emisiones que, en gran cuantía, debían y deben realizarse tanto para cubrir el actual déficit como para renovar los vencimientos que se van produciendo. El Gobierno no hubiera resistido semejante circunstancia adversa, y la imagen de Zapatero se hubiera dañado de forma irreversible. Hubiera sido el fin.
Para estabilizar la colocación de la deuda pública, el Ejecutivo ha tenido que virar a una política de austeridad presupuestaria, recortes en el gasto e inversión, pero, sobre todo, adoptar una actitud reformista que fuera reconocible por el mercado. Así, la reforma laboral es esencialmente una consecuencia de esta crisis de deuda y a ella sirve, más que al mercado de trabajo en sí mismo, sobre el que apenas tendrá efectos positivos dado el poco calado de sus medidas. Pero el mercado no escudriña tanto como para analizar la medida en sus efectos futuros, y sí que reacciona ante un giro que demanda a la gestión.
Huelga contra quién
La huelga general es la credibilidad del Gobierno ante las medidas adoptadas, el contraste que necesita para que crean los mercados que la reforma laboral y, por ende, la actitud reformista del Gobierno va en serio, cuando la realidad es que no se abordan los problemas de fondo. ¿Y algo tan tibio y que es tan poca cosa puede provocar una sobreactuación sindical de esta naturaleza?, ¿por qué los sindicatos se arriesgan en estas circunstancias, y con tan poco que ganar, a una huelga que podría salirles regular, con el desgaste que ello supone?, ¿quieren de verdad erosionar al Gobierno?
El presidente no parece muy preocupado con esta huelga y se la está tomando más como un trámite que como otra cosa, más como una escenificación sin consecuencias internas prácticas y, desde luego, no como un acontecimiento que vaya a desgastar más ni sus expectativas ni su posición política.
Al fin y al cabo, no es sino hacerse la oposición a sí mismo, con bastante control sobre los mensajes emitidos y el desarrollo de los acontecimientos. La huelga será contra los empresarios, contra los especuladores, y quizás contra los bancos, los ricos o los mercados financieros. En unas elecciones, la mayoría de los huelguistas difícilmente votarán otra cosa que no sea la que dé el Gobierno a una opción de izquierdas, y no hay en España más opción de izquierdas con posibilidades de gobernar que el PSOE.
Si para la inmensa mayoría de los huelguistas está ZP o la nada, qué más le da la huelga si con ella gana una credibilidad internacional y ante sus acreedores de la que está muy necesitado. Y, una vez sacado el Presupuesto adelante y sorteado el riesgo financiero, no puede hacer otra cosa más que mejorar. Cuando alguien se atrevió a decir que este señor era tonto, lo que debería es haberse puesto manos a la obra para montar un sindicato afín... o dos.
Juan Fernando Robles, director general del Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
