Estos días se suceden los cálculos sobre el coste que tendrá la huelga general. Como ninguno de ellos es perfecto y lo realmente relevante es darse cuenta de la dimensión que puede tener, sugiero una forma sencilla de estimarlo: dividir el PIB español -un poco más de un billón de euros- entre los días que tiene un año. El resultado, 3.000 millones de euros, es la riqueza que se supone genera el país en una jornada, los recursos que se juega el próximo día 29 y que si fuera así, equivalen al dinero que dedican 600.000 hogares españoles a alimentos y productos básicos durante un año.
En cualquier caso, y aunque pueda matizarse con distintos argumentos, cualquier resultado que se obtuviera supone una cantidad muy importante. Lo malo es que seguramente España puede perder mucho más ese día si la huelga se lleva a cabo, ya que no hay duda que afectará al consumo y, como resultante, a la inversión futura, que es lo mismo que decir a la creación de empleo.
Éste es seguramente el coste más difícil de asumir. Los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios tienen todo el derecho del mundo a defender sus ideas y a criticar las iniciativas del resto de agentes sociales, pero cuando el desempleo alcanza al 20 por ciento de la población activa del país, ninguno de ellos debería tomar decisiones que puedan obstaculizar la continuidad y el aumento de puestos de trabajo.
Además del empleo, la imagen del país también se va a ver deteriorada y hay que tener en cuenta que la inversión y el comercio exterior son tradicionalmente elementos que ayudan a salir de las crisis económicas. Ya el año pasado, las inversiones extranjeras en España cayeron un 60 por ciento, el doble que en el resto del mundo, y con ello se afecta al potencial de crecimiento de la economía. Ser noticia en los diferentes medios del mundo por una huelga general no va a ayudar a acercarse a los niveles de inversión anteriores.
La huelga tiene otras implicaciones económicas cuyo coste es prácticamente imposible de calcular, pero que no por ello son menos negativas. Entre ellas, hay una especialmente preocupante: el intento de colocar, como en épocas pasadas, al empresario frente al trabajador. Ésta es una visión anacrónica de la sociedad, que ignora lo mucho que han avanzado las relaciones empresa-trabajador en las últimas décadas.
Es obvio que para lograr el bienestar de los trabajadores, a sus empresas les tiene que ir bien. Sin embargo, hay quien puede llegar a tener la perspectiva de que el trabajador tiene que ir bien al margen de los resultados de la compañía, lo que es muy negativo para implementar la cultura de la productividad que necesita nuestro sistema económico.
Pero junto a estos costes económicos, está también el riesgo de lesionar algunas libertades por querer hacer valer otras. Por encima del derecho a la huelga, está el de los ciudadanos a decidir libremente, por lo que se debe respetar la opción que elijan, sea la que fuere.
En resumen, la huelga general tiene un coste social y económico para España difícilmente asumible, por lo que lo más razonable sería desconvocarla.
Fernando Casado, catedrático de Economía de la Empresa. Director General del Instituto de la Empresa Familiar.
