Bruselas quiere que se imponga un impuesto sobre el gas para costear los subsidios a las energías renovables. Hasta el momento, en España el sector gasista quedaba exento de esta tasa porque todavía se estaba impulsando su desarrollo; pero ahora que su presencia está consolidada, el Gobierno estudia implantarlo. Y tal iniciativa podría extenderse además a los carburantes.
Se argumenta que hay que contabilizar de algún modo el coste de la contaminación, y que las energías verdes son un sector que debemos subvencionar porque aportará muchos puestos de trabajos en el futuro, sobre todo si se tiene el liderazgo tecnológico.
Sin embargo, en la delicada coyuntura actual, parece más apropiado caminar hacia un sistema por el cual se adecúen los precios a los costes, de modo que no se eleve todavía más la factura al cliente. Ya tenemos que financiar un déficit tarifario fruto de subsidiar el precio de la luz. No es el momento de engordar más la factura al ciudadano.
Resulta curioso cuánto recuerda este gravamen a la tasa a los bancos, la cual al final no se ha planteado para reforzar la estabilidad de las entidades, sino para que los Estados puedan ingresar fondos en sus arcas. Se adivina pues una tendencia muy preocupante: en lugar de practicar los recortes necesarios y mejorar el rendimiento de sus servicios, los Ejecutivos van a tasar sectores que son competitivos para beneficiar a otros que no lo son. Se deciden a dedo sectores amigos, como ha sido el caso del carbón en España, olvidándose del criterio de la rentabilidad. No sólo es injusto y frena al que va bien, sino que al final también termina pagándolo el contribuyente.
