Pasados ya casi tres años desde que comenzara la actual crisis financiera, la continuada debilidad de los mercados laboral e inmobiliario, los desequilibrios en los balances financieros de los consumidores de EEUU y el desvanecimiento del soporte de los estímulos políticos han hecho que el riesgo de una recaída en la recesión pase de improbable a tener una probabilidad que ronda el 40 por ciento. El Gobierno respondió de una forma masiva y creativa ante la amenaza de colapso del sistema financiero estadounidense con el Programa de rescate de activos problemáticos, estimulando el gasto y aproximando al cero por ciento los tipos de interés, evitando así durante casi dos años una segunda Gran Depresión.
Pero la Reserva Federal se ha guardado poca munición para tratar de estimular el crecimiento o esquivar una posible depresión. Y el déficit federal ha alcanzado niveles tales que han hecho que el gasto adicional que ayudó a espolear la mini-recuperación de principios de 2010 resulte ahora imprudente.
En medio de unas elecciones con una repercusión crucial para su capacidad de gobierno, ¿puede la Administración Obama reducir la probabilidad del double dip?
El Ejecutivo sabe que necesita crear un estímulo fiscal neutro en términos recaudatorios, pero que logre activar la demanda de mano de obra y el consumo. Sea bienvenida su propuesta de hacer permanente un crédito fiscal para Investigación y Desarrollo, el cual data de los años 80, y posteriormente decretar una desgravación temporal que permita a las empresas amortizar inversiones de capital por el cien por cien del coste. Sin embargo, se trata de una cura demasiado modesta para lo que necesita la economía.
Una opción mucho mejor para la Administración es reducir los impuestos sobre las nóminas durante dos años. Los reducidos costes laborales llevarían a los empresarios a emplear más; y en cuanto a los trabajadores, el aumento de salario neto elevaría el tan necesario consumo y aceleraría el proceso aún más crucial de desapalancamiento de los hogares (pagando las deudas y otras herencias de los años del crédito fácil).
La mayoría de políticas, incluyendo las propuestas de Obama, han tendido a subvencionar la demanda de capital en detrimento de la de mano de obra. Esto supone el problema al revés. En el segundo trimestre, los gastos de capital alcanzaron una tasa de crecimiento anual del 25 por ciento. El argumento de que el aumento de la demanda de capital lleva a una mayor demanda de mano de obra -es decir, la idea de que comprando más máquinas se necesitarán trabajadores para hacerlas funcionar- no ha servido. Las empresas están invirtiendo en capital real, equipamiento y oficinas en el exterior que permiten producir las mismas cantidades de producto con menos y a menor coste laboral. Para evitar un aumento crónico de la tasa de desempleo, necesitamos subvencionar la demanda de mano de obra -logrando la creación de empleo-, en lugar de hacer más barata la compra de capital, como pasaría con la inversión y otros créditos fiscales.
Obama podría financiar completamente la reducción del impuesto sobre la nómina con el vencimiento de la rebaja de impuestos de Bush a los ciudadanos con rentas superiores a los 250.000 dólares al año. En cambio, las rebajas de la era Bush que afectan a los ciudadanos con ingresos medios y bajos -la gran mayoría de americanos- se mantendrían por el momento.
Después de dos años, con un crecimiento más sólido de EEUU y el aumento de la contratación en el sector privado, podemos ir eliminando las rebajas del impuesto sobre la nómina mientras se mantienen los niveles del gravamen sobre la renta para los ricos. También sería posible aumentar la presión fiscal a la clase media durante un cierto periodo para reducir nuestro déficit presupuestario.
La proporción es crítica a la hora de diseñar las rebajas de impuestos sobre la nómina. Las pequeñas y medianas empresas lo han pasado mal los tres últimos años. Luchan por lograr crédito, mientras que los bancos se ven obligados a afianzar sus reservas, así que las pocas veces que lo consiguen hacen frente a costes de empréstitos más elevados que las grandes corporaciones. Para maximizar los incentivos a la contratación en el sector privado, debe existir una mayor reducción en el impuesto sobre las nóminas pagadas por parte de los empleadores que en el pagado por los empleados. Esto responderá a la argumentación de que los impuestos sobre las rentas más altas que deben financiar estas rebajas del impuesto sobre la nómina perjudicarán tanto a la compañía grande como a la pequeña (muchas de las cuales son dirigidas por esos mismos individuos con ingresos elevados), así como su buena disposición para la contratación. Por otra parte, la rebaja en los impuestos sobre las nóminas conlleva una reducción de los costes operativos y mano de obra para todas las empresas. También pueden ser necesarias otras políticas que conduzcan a los bancos a realizar préstamos a la pequeña y mediana empresa.
Los trabajadores con bajos ingresos han demostrado históricamente una propensión mucho mayor al consumo cuando disponen de dinero extra, por lo que la rebaja del impuesto sobre la nómina debe ir dirigida en mayor porcentaje a aquellos que se encuentran en la escala de ingresos más baja, comparado con la clase media-alta.
Las rebajas del impuesto sobre la nómina para la mayoría de americanos con ingresos bajos o medios podrían ser sólo el principio. La Administración podría proponer una merma incluso más profunda de los impuestos sobre la nómina si el presidente logra que el Congreso acceda al vencimiento parcial de las otras rebajas de impuestos de 2001 y 2003. A finales de este año, están pendientes de ser renovadas las rebajas marginales en los ingresos sobre las ganancias de capital o plusvalías, dividendos e impuesto de sucesiones. Con una expiración parcial de estas reducciones especiales -que afectaría más a los individuos con rentas más altas-, no se tendría que elevar la carga fiscal hasta los niveles anteriores a las rebajas del presidente Bush; y podría estimular también a esas compañías que han generado unas enormes reservas de efectivo (que sobreinvierten en capital a costa de la contratación) para aumentar su demanda de mano de obra.
Estos cambios temporales no podrían ser promovidos de forma realista como medidas para lograr la reducción del déficit, pero pondrían un límite contra la deuda adicional del Gobierno mientras la nación aguarda las recomendaciones de la comisión bipartidista del presidente sobre los recortes al déficit.
A falta de un nuevo paquete de estímulos -que parece muy poco probable en este punto-, estas rebajas significan 1.000 millones en efectivo de vuelta precisamente a los hogares americanos -la mayoría de los cuales posiblemente lo gastarán- y a aquellas empresas que en su mayoría probablemente lo destinarán a la contratación. Un mínimo porcentaje de americanos con las rentas más altas pagará más por la asistencia prestada por el Gobierno en 2008 a sus empresas mediadoras y bancos de inversión. En contrapartida, se puede promover una rebaja de impuestos importante para los empleadores y empleados que reactiven el consumo, fomenten la contratación y, así, reduzcan el riesgo de una recesión doble o double dip... sin reventar el Presupuesto.
Nouriel Roubini, presidente de Roubini Global Economics. Profesor de Economía de la Universidad de Nueva York.
