La decisión de instalar el cementerio nuclear en Zarra se abortó en el Consejo de Ministros del pasado viernes con premeditación y alevosía política.
Desde aquella tarde, cientos de teorías de la conspiración han surgido para tratar de explicar por qué el Gobierno ha paralizado una adjudicación cuyo retraso nos cuesta a diario 60.000 euros, es decir, 44 millones en los dos años de adelanto que podría lograrse si el ATC se construye en dicho municipio.
Los más temerarios ven una cortina de humo para acabar adjudicando el almacén a Ascó en el interregno de las elecciones catalanas y la formación de Gobierno.
Tambien se especula con que Industria aceptó congelar la tarifa a exigencias del PP y,a cambio, éste asumía el desgaste político de llevar el cementerio nuclear a su territorio,aunque lo único que parece claro es que la vicepresidenta De la Vega se siente fuerte en el Gobierno: frena la adjudicación de Sebastián y destituye a la presidenta del CIS.
Rubén Esteller, jefe de redacción.
