El Gobierno, movido por el electoralismo y el temor a la contestación que pueda recibir, se plantea ahora una rebaja de los términos de su propuesta inicial de reforma de las pensiones.
Tras propugnar una demora de la fecha de jubilación hasta los 67 años -en aras de la sostenibilidad del sistema- y la posibilidad de hacer que computen los últimos 20 años de vida laboral en lugar de los 15 que hoy se toman, ahora el Ejecutivo socialista suaviza sus planteamientos. Por un lado, contempla que el cómputo de la pensión gire sobre 20 años, pero no todos correspondientes al último tramo del periplo laboral.
La idea es que se trate de 12 ó 15 años del periodo de máxima cotización y de 8 ó 5 del de mínima cotización, lo que reduciría la pensión media. En cuanto al momento del retiro, el Gobierno quiere amarrar el cumplimiento de la edad legal de jubilación, los 65 años, y aparca el anunciado alargamiento obligatorio a los 67, que dejaría como optativo por el momento. La viabilidad del sistema pasa por el retraso de la edad de jubilación.
Pero a pesar de estar hoy fijada en los 65 años, lo cierto es que, en media, los españoles se retiran antes, en torno a los 63 años. Es preciso abogar por medidas que favorezcan que la edad efectiva de retiro coincida con la edad legal, máxime si no se ha cotizado un mínimo de 20 años.
Pero en cualquier caso, toda modificación del marco de las pensiones ha de llevarse al seno del Pacto de Toledo. No se trata de un asunto político sobre el que mercadear porque lo que está en juego es la suficiencia financiera de nuestro sistema de pensiones.
