El Tesoro español ha tenido una buena semana. Ha conseguido colocar 4.000 millones en obligaciones a 10 y 30 años, un 14 por ciento más barato que en el pico de julio. El Financial Times, un feroz crítico internacional de la política económica de Zapatero, elogia ahora su conversión reformista y apuesta por que España consiga separar su futuro del devenir de la Europa periférica, un devenir de suspensión ordenada de pagos que se entiende implícito.
Los inversores internacionales, esos que antes despreciábamos y ahora citamos con orgullo, parecen haber aceptado que España no está dispuesta a dejar crecer su deuda indefinidamente y han trasladado su atención a las posibilidades de crecimiento. Porque, por muy buena voluntad que le pongamos, si un país no crece, la aritmética presupuestaria se vuelve necesariamente en su contra. Y en ese terreno tenemos mucho que demostrar. Nos lo recordaba The Wall Street Journal cuando titulaba que un millón y medio de edificios residenciales "sin terminar, sin vender y sin atractivo" oscurecen nuestro futuro.
Aprovechar la ventana de oportunidad del mercado requiere tres cosas: evitar un susto, prepararse para cambios de opinión y mejorar estructuralmente la competitividad. Se me ocurren unos cuantos sustos posibles, unos cuantos gafes que podrían hacer recaer a los inversores en su sentimiento trágico de la excepcionalidad española. Uno es el déficit de las comunidades autónomas. Ha caído en mis manos el informe de septiembre del Institute of International Finance, algo así como la patronal bancaria internacional pero sin negociar convenios. En su página 7, al hablar de los mercados de deuda soberana europea y el incremento del coste de financiación de algunas regiones europeas, lo ilustra con un gráfico de los bonos de Cataluña. Es un problema, porque en finanzas no se aplica la tesis política de que lo importante es que hablen de uno aunque sea mal. Hay una creciente sensibilidad internacional con el coste del Estado de las Autonomías. Tiene razón el Gobierno, aunque sea el principal responsable del desmadre, cuando pide implicar a las comunidades en el ajuste fiscal. No tiene ninguna legitimidad, pero tiene razón. Sería bueno, por tanto, que en vez de entretenerse con declaraciones contradictorias sobre las posibles sanciones que contemplará la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se aplicara un poquito en diseñar reglas internas, dado que se cargaron las que había. No es el mejor momento político, porque supondrá recortar el margen discrecional del que medran los partidos regionales. Posponerlo es vivir pendientes del hilo de que ninguna comunidad tenga problemas para colocar su deuda. El segundo susto son las facturas pendientes en ayuntamientos. No nos conviene una solución a la griega, pero es peor que las empresas de servicios les corten el suministro por impago. Eso daría muchos titulares.
Prepararse para cuando el mercado cambie de opinión es tener listas políticas de contingencia para cuando se produzca el evento de reestructuración ordenada en Grecia y Portugal. La UE ya lo está haciendo para salvar el euro, con el Mecanismo de Estabilización y el reforzamiento de la disciplina fiscal. España tiene también que hacerlo, porque sería irresponsable confiar en que los mercados ya lo tienen descontado. Ese día habrá convulsiones serias, y más vale tener preparado y negociado con agentes sociales y políticos un plan B. Por último, lo que hay que hacer para mejorar la competitividad es tan conocido como está pendiente. No merece la pena más análisis. Sólo requiere decisión.
Fernando Fernández, IE Business School.
