Industria propuso ayer a la CNE otra congelación de la tarifa de la luz. El PP puso esta condición para seguir negociando el pacto de Estado sobre energía. Los populares insisten en la congelación al margen de la acumulación de déficit tarifario, mientras el Gobierno debe abordar inapelablemente una reforma energética que a día de hoy se ha quedado en poco más que una foto.
Sin duda, la propuesta del Ministerio viene alentada por el buen desempeño de la última colocación de deuda. Algo que ha traslucido una menor presión de los mercados sobre nuestra economía y que habría ahuyentado la percepción de dificultades a la hora de colocar el déficit tarifario, de 14.000 millones, fruto de que el precio no cubre el coste real del servicio.
Un desequilibrio que habrá de abordarse antes o después, y que puede acrecentarse en unos 2.000 millones en tanto persista la congelación. El Gobierno debe contar con la desazón de las eléctricas, que descontaban una subida en octubre tras haber aceptado a regañadientes la primera congelación.
La buena lectura de la propuesta es que facilitará avanzar hacia una redefinición del mercado energético, necesaria para aparcar la incertidumbre y permitir una planificación estable y a largo de los agentes.
La mala lectura es que el déficit de tarifa será nuestro viejo conocido. Hay que tender, también en aras de la disciplina europea, hacia una mayor correspondencia entre el precio y el coste por la vía de la liberalización y la competencia. Al tiempo, la reforma en curso debe contemplar la apuesta por la energía nuclear, cuestionar los subsidios al carbón y definir el papel de las energías renovables.
