La credibilidad de la consolidación presupuestaria depende de que sea un proceso unívoco y sostenible en el tiempo. Es por ello que sea del todo lamentable la secuencia de contradicciones que se ha producido en el ámbito de la financiación municipal. En mayo se planteó prohibir totalmente el endeudamiento a largo plazo de las haciendas locales.
El objetivo era obligar a que los ayuntamientos comenzaran y compartieran los esfuerzos de austeridad. Pero, tras una revolución de alcaldes que se fraguó en horas, se dio marcha atrás posponiéndose su aplicación a enero de 2011. Ahora, en los PGE para el 2011, se aumentan los recursos netos de los ayuntamientos en un 9% (1.200 millones de euros adicionales), al tiempo que se va a permitir que se puedan seguir endeudando los municipios cuya deuda no supere el 75% de sus ingresos, que parecen ser la gran mayoría.
En el pasado, por los principios de la ley de Estabilidad, que ahora se quieren suspender, los ayuntamientos no podían pedir crédito en los mercados. Como resultado, el peso de su deuda pública acumulada es relativamente reducido: del orden del 3,3% del PIB. Su problema es el déficit, que en este 2010 ya es del 0,6% del PIB y que, inexplicablemente, va a incrementarse hasta el 0,8% en el 2011. Si el objetivo de nuestro programa de consolidación fiscal es llevar el déficit de las Administraciones Públicas desde el actual 10% hasta el 3% en el 2013, ha de embarcarse a la totalidad de las Administraciones en este propósito.
Desde la perspectiva de los incentivos, hubiera sido mucho más lógico permitir que sólo se siguieran endeudando los ayuntamientos que estuvieran en una senda temporal de reducción de su déficit, en vez de utilizar su deuda acumulada, norma que casualmente, perjudica a los ayuntamientos grandes, con acceso al crédito bancario, como por ejemplo Madrid y Valencia.
Dado el momento del ciclo electoral, no podemos pensar en casualidades. El aislar del perímetro de consolidación fiscal, y flexibilizar ahora el endeudamiento de los ayuntamientos hay que interpretarlo con la lógica política, que no económica, del Gobierno; bajo dos hipótesis, a cada cual peor. Una, la de evitar que los alcaldes más gastosos y/o irresponsables se vean penalizados por sus votantes, no vaya a ser que un acreedor les inste a concurso en la campaña de mayo, por las llamadas facturas de debajo del cajón, esto es, sin crédito disponible. La otra, intentar instrumentar otro plan local, pero ahora de elecciones, mediante la autorización de endeudamiento para ejecutar proyectos cortoplacistas que se pueden inaugurar antes de la campaña, sean o no necesarios y/o prioritarios.
Nadie lo reconoce, pero lo cierto es que muchas Haciendas Locales han abusado sin medida del gasto, sobre todo del corriente, aprovechando los ingresos transitorios de la expansión inmobiliaria. Que se dejen, pues, de la excusa del retraso de la reforma de su financiación y/o del placebo del endeudamiento. Lo que deben hacer es acometer su reconversión y ajuste al nuevo contexto económico y fiscal. Por un lado, suprimiendo gastos impropios; mejorando la eficiencia en la utilización de sus recursos; evitando los despilfarros de partidas como fiestas, gastos suntuosos o personal de confianza; minimizando las redes de empresas y/u organismos públicos locales; optimizando su dimensión, por ejemplo fusionándose municipios, etc. Por el otro, potenciando la utilización de las figuras de tasas y precios públicos y/o utilizando la corresponsabilidad fiscal en el ámbito que disponen. ¿Qué mejor momento que las elecciones de mayo para que los gestores locales presenten los balances de su gestión y sus alternativas financieras de futuro?
Gregorio Izquierdo Llanes es Director de Estudios del IEE. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED.
