Opinión

Amador G. Ayora: Un impuesto para el pueblo

Los signos de recuperación económica se alternan en el horizonte con los de recaída, como si fueran un demiurgo impulsor de un nuevo universo económico que alberga en sí la contradicción entre salir adelante o volver atrás. Las bolsas han vivido una semana de consolidación, a la par que la amenaza de impago de la deuda española se difumina en el espacio sideral.

El mes de agosto se cerró con una cifra récord de fusiones y adquisiciones a lo largo y ancho del planeta, vuelven las grandes operaciones a la bolsa, como el estreno de la italiana Enel Green Power, y hasta el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dentro de la ambigüedad contenida que le caracteriza, asegura que el sistema financiero español ha dejado atrás lo peor. ¡Ojalá lleve razón!

No es de extrañar que, entre tanto canto de sirena, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quiera aprovechar e imponer una tasa a los bancos, a los que culpa de la crisis nacional e internacional. El sistema creado en esta nueva realidad ficción es profundamente redistribuido para Salgado, porque consiste en quitar el dinero a los ricos (banqueros) para darlo a los pobres (ciudadanos)... La teoría encaja como un guante de seda en la ideología de este Gobierno. Aunque son los ciudadanos quienes costearán el impuesto.

En el sector financiero están preocupados. El ajuste de plantilla y de oficinas está aún por hacer en la mitad de las cajas y las fusiones, pendientes de sus asambleas. El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, afronta esta semana la creación de su gran proyecto, con el suspense sobre la decisión de las cajas de Segovia y Ávila.

La cartera de inmuebles de las entidades financieras sigue repleta de viviendas sobrevaloradas, el Banco de España aprieta con un aumento de las provisiones de alrededor del 2 por ciento, y la morosidad puede sufrir repuntes en el futuro. Eso a falta de despejar la incertidumbre sobre la nueva regulación del sector con Basilea III.

Bancos y cajas afrontan la nueva tasa divididos. Desde la Asociación Española de la Banca, presidida por Miguel Martín, advierten que pueden pagar justos por pecadores, ya que han sido las cajas las que han precisado apoyo oficial y no ellos.

Existe otro argumento más fulminante. La crisis financiera no ha costado hasta ahora ni un solo euro a los españoles ni al Estado. Al contrario, éste ingresó más de 400 millones por los avales puestos a disposición de las entidades financieras en el peor momento.

Salgado viola, además, el principio sacrosanto al que iba destinado el impuesto: el de evitar crisis sistémicas en el sector. Pretende, por el contrario, tapar los múltiples agujeros creados por ella misma. Ahora se entiende la esplendidez de Zapatero al permitir que el ministro de Fomento, José Blanco, afloje en 700 millones de euros el ajuste en el plan de infraestructuras, los 1.400 millones de incremento con los que pretende aliviar los presupuestos de los ayuntamientos para el próximo ejercicio o el último gesto de pagar este mes la nómina de los mineros del carbón.

Para más inri, Zapatero aseguró ayer en una entrevista en la Ser que "no habrá más recortes". Como si el vendaval de la crisis hubiera cedido. Sigue instalado en un mundo irreal, hecho a la medida de sus intereses electorales.

Por suerte para él, la huelga general del próximo 29 de septiembre puede concluir en un sonoro fracaso, pese al intento de demostración de fuerza llevado a cabo por Méndez y Toxo esta semana en la plaza de Vista Alegre (Madrid). Si los ciudadanos no secundan la protesta es porque están descontentos con que la política oficial haya seguido las consignas de Cándido Méndez, como si fuera una especie de vicepresidente económico en la sombra.

Zapatero ha prescindido, en esta ocasión, de la escena de sofá con los banqueros. El nuevo impuesto los ha sorprendido cuando presumían de colaborar con el Gobierno en la compra de deuda española, e incluso de tutelar sus pasos para solventar la delicada situación creada por el riesgo de impago del Estado. ¡Bienvenidos a la política!

Amador G. Ayora es Director de elEconomista.

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