El Parlamento ha aprobado la reforma laboral. Al final, el PSOE ha eliminado con el apoyo de los grupos de izquierda varias enmiendas introducidas por CiU y PNV que habrían aclarado las causas del despido por pérdida de ingresos, habrían permitido despedir más fácilmente por absentismo o habrían dotado de una mayor flexibilidad a los contratos temporales.
La única propuesta reseñable del Senado que se acepta es la de reducir el plazo de 100 a 30 días durante el cual el parado puede rechazar un curso de formación, algo muy difícil de controlar. La reforma aprobada encarece la temporalidad justo cuando es el único contrato que hoy se hace, subsidia el despido, da un mayor protagonismo a las ETT e intenta generalizar los contratos con una indemnización de 33 días. Ninguna de estas medidas representa un cambio sustancial que pueda apoyar la creación de empleo cuando haya una recuperación. Es verdad que busca aclarar las causas del despido, pero lo hace con una redacción tal que no asegura una interpretación favorable a la empresa en los tribunales. Se aplaza por su dificultad la constitución de un fondo de capital que sufrague los despidos. Y también dejamos para más tarde la reforma de la negociación colectiva, el elemento que brindaría más flexibilidad al marco laboral, pues admitiría cambios en las condiciones y sueldos que evitarían despidos. Y sobre todo no se acaba con la dualidad del mercado laboral, lo que envilece su funcionamiento. Ayer respondía Salgado a nuestra caída en los índices de competitividad diciendo que esta reforma nos haría más competitivos. No lo creemos.
