Tras muchos retrasos, el Estado aprovechará la calma en los mercados de crédito para emitir dentro de dos semanas unos bonos con los que abonar a las eléctricas españolas el llamado déficit de tarifa, es decir, el dinero que han perdido por haber cobrado la factura de la luz a un precio por debajo de su coste.
Los analistas ya se habían olvidado de que estas compañías debían ingresarlo, y es posible que la noticia dé un nuevo impulso a sus cotizaciones. La más beneficiada es Endesa, que tiene que embolsarse las conexiones con territorios extrapeninsulares como Canarias o Baleares. Con estos fondos, sus dueños italianos de Enel serán capaces de enjugar una parte de su deuda. La otra empresa agraciada será Iberdrola, que también reducirá deuda y alejará ahora de manera definitiva el miedo que le rondaba en los últimos meses a una rebaja de su cualificación crediticia. Por lo menos, se cierra uno de los capítulos más conflictivos en la relación entre las autoridades y el sector. Sin embargo, queda pendiente la firma del pacto energético entre partidos que definirá el futuro de la regulación. La decisión de Merkel de prorrogar la vida de las centrales nucleares debería hacer reconsiderar nuestra postura respecto a esta fuente. El PP probablemente apoyará un cambio en ese sentido. Y otro asunto que también está sobre la mesa es la situación de las renovables. Hay que conseguir que su uso vaya más acorde a su rentabilidad sin dañar los derechos creados. El Gobierno debería cerrar este acuerdo lo antes posible para eliminar de una vez por todas las innecesarias incertidumbres que nublan el futuro de un sector con mucha energía.
