La UE ha llegado a un cierto consenso para aprobar una tasa bancaria. El problema está en las condiciones y sobre qué se va a aplicar. Gana peso la idea de imponerla sobre el pasivo, lo que no incluye el capital porque para eso ya están los requisitos de solvencia de Basilea, ni los depósitos en el caso español, donde ya existen los fondos de garantía.
Así que se gravarían las titulizaciones, obligaciones y dinero del interbancario o del BCE. Es decir, tributaría bajo este capítulo todos los estructurados usados por los bancos para financiarse, de modo que se pretende limitar los productos de alto riesgo vinculados con el origen de la crisis. Hay bastante menos acuerdo sobre si gravar o no el activo de las entidades, esto es, los préstamos; pues frenaría de forma muy evidente el crédito. Y todavía está menos claro que se pueda hacer tributar las transacciones financieras, algo que reduciría la liquidez a corto plazo de las operaciones. Y lo recaudado debería ir a un fondo para la liquidación de entidades, sin embargo, tanto Reino Unido como Francia ya han dicho que lo destinarán a sus arcas públicas. En España, ya contamos con un Fondo de Garantías, por lo que Salgado ha declarado que una parte irá a los presupuestos. Semejante afán recaudatorio para sanear sus cuentas con unos ingresos que ascenderán a 1.900 millones sólo va a encarecer el crédito y elevar las comisiones, ya que las entidades lo repercutirán a sus clientes. Nos gastaremos el dinero y, encima, esta tasa bancaria no reducirá el riesgo sistémico -eso lo debe hacer el supervisor y la política monetaria- y en el próximo descalabro justificará que los Estados paguen de nuevo.